Procesado el exjefe de la UDEF: 20 millones emparedados y sospechas de connivencia con el narcotráfico

El auto de la Audiencia Nacional no es un titular más: es la constatación de que la investigación ha encontrado indicios suficientes para procesar al que fuera jefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez Gil. El juez Francisco de Jorge le atribuye delitos graves —tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos— y sitúa en el centro de una red que, según la investigación, habría dado cobertura policial a la entrada de cargamentos de cocaína.

Los hechos que constan en el procedimiento son nítidos y contundentes. En los registros se hallaron 20 millones de euros emparedados en su vivienda, cantidad que, según el auto, se presume procedente del narcotráfico. El procesamiento alcanza, además, a tres personas físicas —entre ellas la mujer de Sánchez Gil, también policía, y la hermana de ésta— y a cinco personas jurídicas, empresas pantalla que la investigación vincula al circuito de blanqueo.

El juez fundamenta sus decisiones en elementos probatorios clásicos y sólidos: conversaciones telefónicas interceptadas, vigilancias y los informes resultantes del análisis de documentación y dispositivos informáticos incautados. Sánchez Gil, en prisión provisional desde su detención en 2024, está acusado de facilitar la entrada de droga en contenedores y, según los investigadores, cobrar cerca de un millón de euros por cada entrada que supuestamente facilitaba a la organización.

La detención que precipitó esta causa fue el resultado de una operación en la que se intervino un contenedor con 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre. La pieza que investiga la Audiencia Nacional sitúa a este grupo organizado detrás de la introducción de 73 toneladas de cocaína en contenedores marítimos, por un valor que se cifra, en el sumario, en más de 2.000 millones de euros.

Esta instrucción se inscribe en una investigación más amplia: en febrero ya fueron procesadas quince personas físicas y diversas sociedades vinculadas al blanqueo y a la ocultación de la droga, entre ellos el supuesto líder Ignacio Torón y otros investigados como Alejandro Salgado. También figura en las pesquisas la gestión de fondos millonarios a través de servicios bancarios en paraísos como Santo Tomé y Príncipe, y la vinculación, en el sumario, de personas que han sido objeto de detención o medidas cautelares, como la del investigado Francisco de Borbón, detenido en Marbella y puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros.

El procedimiento sigue su curso: el juez ya tiene prevista la comparecencia voluntaria del procesado para declarar. Los indicios recopilados obligan a la justicia a profundizar en cómo operaban las supuestas redes y en el grado de penetración de los mecanismos de seguridad en los que concurrían autoridades y empresas pantalla.

No se trata sólo de cifras espectaculares ni de nombres propios: está en juego la confianza en las instituciones encargadas de proteger al Estado y a la sociedad. La instrucción deberá aclarar, con pruebas y con la firmeza del derecho, quiénes se beneficiaron realmente de esos flujos de dinero, qué responsabilidades existieron y cómo recuperar la legalidad donde, según el sumario, se habría instalado la corrupción vinculada al narcotráfico.