Plazas fantasma, 4.500 euros y la deuda moral de quienes gestionan la infancia

La noticia es de una frialdad que debería escocer a cualquier autoridad: la Oficina Antifraude de Cataluña ha abierto una nueva línea de investigación sobre presuntos pagos irregulares realizados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) por plazas que, en muchos casos, nunca estuvieron ocupadas.

No hablo de rumores: los documentos recogen que la consejería abonó hasta 4.500 euros mensuales por plazas que, según testigos, eran “fantasma”. La Sindicatura de Cuentas ya detectó el año pasado que, al menos, se pagaron 4,7 millones de euros en prestaciones indebidas entre 2019 y 2022. Son cifras que sostienen una acusación: dinero público que no llegó a quien debía servir.

El origen de la denuncia es la voz de un trabajador convertido en alertador y testigo protegido ante Antifraude. Sus denuncias iniciales apuntaron a jóvenes que no residían en los pisos de acogida —uno de ellos vivía en Valencia— o que no cumplían los requisitos económicos por tener ingresos superiores a los permitidos. Pese a ello, las ayudas figuraban como entregadas y las plazas como ocupadas.

La nueva pieza abierta por la OAC surge a raíz de testimonios adicionales aportados por ex trabajadores de otro centro gestionado por la unión temporal de empresas Fundació Mercè Fontanilles–Fundació Resilis, vinculada al grupo Plataforma Educativa. Tras una evaluación de verosimilitud, la Oficina consideró que estas aportaciones tenían entidad propia para iniciar una investigación independiente.

Los relatos a los que ha accedido EL MUNDO describen escenas perturbadoras por su normalidad institucional: educadores que no conocieron a dos jóvenes en nueve meses porque aquellos hacían “su vida completamente autónoma” en otra ciudad; equipos en los que solo tres de ocho plazas aparecían efectivamente ocupadas; habitaciones vacías en servicios donde, sin embargo, se liquidaban mensualidades.

También emergen prácticas administrativas que bordean la simulación: falsificación de firmas, fechas dejadas en blanco para rellenarlas a conveniencia, documentación manipulada para sostener un planteamiento fraudulento. Y una explicación que hiela: era, dicen varios empleados, “un secreto a voces” que muchos preferían no denunciar porque suponía “menos trabajo por el mismo precio”.

No todo fue indiferencia. Según algunos testimonios, la primera denuncia sí empujó cambios: empezó a exigirse la presentación de los jóvenes y la elaboración de planes de atención individuales. Pero ese esfuerzo llega tarde para la confianza pública y no borra la imagen de décadas de recursos sociales administrados sin la diligencia que merecen los menores y los jóvenes vulnerables.

Plataforma Educativa, por su parte, ha declinado hacer declaraciones sobre la investigación y asegura su "total disposición a colaborar" con las autoridades y comisiones que lo requieran. Mientras, la comisión parlamentaria que investiga el caso DGAIA ha aprobado la comparecencia del denunciante protegido, un acto que deberá arrojar más luz sobre la gravedad de lo relatado.

No se trata solo de números —aunque 4,7 millones entre 2019 y 2022 pesen como prueba—, sino de rostros jóvenes que, según los testimonios, estuvieron ausentes mientras se certificaban ayudas a su nombre. El escándalo llama a una pregunta elemental: ¿quién responde por la gestión de la infancia cuando la estructura que debería protegerla administra prestaciones como si fueran facturas impunes? La respuesta exige investigación, depuración y reparación. El dinero es público; la responsabilidad, ineludible.