Petrer vuelve a la casilla de salida: la educación local paga la factura de las renuncias

La comunidad educativa del CEIP Virrey Poveda observa, una vez más, cómo un proyecto largamente reivindicado retrocede cuando parecía abrirse paso. La empresa adjudicataria ha solicitado de forma unilateral la rescisión del contrato antes del inicio de los trabajos, obligando al Ayuntamiento de Petrer a volver a licitar las obras de reforma y ampliación.

No es un contratiempo menor. Hablamos de una actuación presupuestada en más de siete millones de euros, una intervención que incluye la construcción de un nuevo edificio de Educación Infantil en una parcela anexa, nuevos espacios docentes, servicios complementarios, un gimnasio y la reforma integral de las instalaciones actuales para convertir el centro en un colegio de dos líneas. Son necesidades palpables que responden al aumento de matrícula y al derecho de las familias a contar con instalaciones modernas y dimensionadas.

La concejala de Educación, Patricia Martínez, no oculta la frustración: lo ha calificado como "un nuevo varapalo" para un centro que lleva años esperando. Pero Martínez también reafirma el compromiso municipal: el consistorio mantendrá el impulso del proyecto y pretende poner en marcha cuanto antes el procedimiento de licitación desde Urbanismo para evitar nuevas demoras.

Es preciso recordar que este episodio no surge en vacío. El proyecto ya sufrió el revés de que la anterior dirección facultativa detectara deficiencias técnicas y renunciara al encargo, lo que obligó a reiniciar la adjudicación de la dirección de obra. Hoy esos técnicos trabajan en la revisión y actualización del proyecto; mañana, una constructora que abandona el contrato devuelve al proyecto a la casilla de salida.

La planificación inicial era sensata: levantar primero el nuevo edificio para trasladar allí temporalmente al alumnado y así acometer la remodelación del inmueble existente con las mínimas afecciones al desarrollo lectivo. Ese criterio técnico choca ahora con la cadena de retrasos administrativos y contractuales.

Las familias y el profesorado sienten la inquietud lógica ante la acumulación de demoras. El Ayuntamiento lo reconoce y, desde el equipo municipal, se agradece la paciencia de la comunidad educativa mientras se insiste en que el objetivo sigue siendo dotar al Virrey Poveda de unas instalaciones adecuadas. Pero la retórica de la voluntad no sustituye a la urgencia de los hechos: la educación exige plazos, responsabilidad contractual y continuidad en la ejecución.

Que la administración actúe con diligencia para relanzar la licitación es una exigencia ineludible. Que lo haga con transparencia y determinación para no dilatar un proyecto que ya carga con años de espera es una obligación moral con las familias, con los docentes y con el futuro de la infancia de Petrer. No hay excusas que reconcilien la prioridad educativa con la normalización de las renuncias: la pedagogía del abandono no puede ser el legado de la gestión pública.