Perú al milímetro: ventaja ínfima, país en vilo

El reloj del escrutinio marca cifras frías y un pulso caliente. Con poco más del 96% de las actas escrutadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales coloca a Roberto Sánchez por delante, con el 50,056% frente al 49,94% de Keiko Fujimori: una diferencia que se traduce en apenas unas 20.000 papeletas. Es la demostración, cruda y descarnada, de una nación partida en dos voluntades que se miran a los ojos sin renunciar al último voto.

Más de 27 millones de peruanos estaban convocados a las urnas en una jornada que no será resuelta en una noche. Los números no son abstracción: anuncian días, quizá semanas, de conteos, impugnaciones y esperas. El Jurado Nacional de Elecciones lo anticipó sin eufemismos: la certificación total no estará lista hasta mediados de julio. No es un capricho burocrático, es la consecuencia de un nuevo proceso obligatorio para las mesas impugnadas o con observaciones.

Frente a frente, dos proyectos antitéticos. Keiko Fujimori, de 51 años y líder de Fuerza Popular, apela a la mano dura contra la delincuencia: propone desplegar al ejército, asumir control de cárceles y bloquear flujos financieros vinculados al crimen. Esa hoja de ruta despierta, en paralelo, el recuerdo del legado de su padre, Alberto Fujimori, y las sombras de su pasado autoritario.

Roberto Sánchez, de 57 años y candidato de Juntos por el Perú, se presenta como heredero político de Pedro Castillo, de quien fue ministro. Tras los primeros resultados, habló desde la plaza San Martín invocando serenidad y la defensa del voto: pidió a sus personeros y movimientos sociales respetar los resultados y la transparencia del conteo. La balanza, además, puede inclinarse por el sufragio en el extranjero, que algunos analistas esperan que favorezca a Fujimori.

No son meras etiquetas: la inseguridad real —con un crecimiento de homicidios y cerca de 30.000 denuncias de extorsión en 2025— marca las preocupaciones ciudadanas y explica la radicalidad de las propuestas en contienda. Por su parte, las diferencias económicas emergen con claridad: Fujimori promete políticas de libre mercado y mayor atracción de inversión, mientras Sánchez plantea revisar contratos mineros, subir ciertos impuestos corporativos, aumentar el salario mínimo y reforzar el control del Estado sobre sectores estratégicos.

Que el resultado sea tan estrecho obliga a prudencia y a instituciones robustas. El país no puede permitir que la deliberación constitucional del recuento se transforme en terreno de agravios. Los peruanos esperan no solo el nombre del próximo presidente, sino la garantía de que ese nombre emerja de un proceso escrupuloso y transparente. En la incertidumbre de las próximas semanas, la mayor obligación de todos es proteger la legitimidad del voto y la serenidad de la nación.