Parálisis institucional en l'Alqueria d'Asnar: el municipio retenido por la ausencia de un secretario habilitado

La noticia es diáfana y no admite paños calientes: l'Alqueria d'Asnar vive desde hace meses una parálisis que ha convertido el funcionamiento esencial del Ayuntamiento en un mecanismo a punto de griparse.

Los firmantes de la moción de censura —tres concejales del PSOE y una edil no adscrita— han denunciado públicamente que, dos meses después de registrar "legalmente presentada" la moción contra el alcalde César Palmer, ésta sigue sin debatirse. A esa anomalía democrática se suman hechos objetivos y contundentes: no se ha aprobado el Plan Económico Financiero ni la liquidación de 2025; no existe presupuesto para 2026; hay facturas pendientes sin tramitar; y decisiones esenciales quedan bloqueadas.

Detrás de esta asfixia administrativa aparece una decisión con efectos directos: la falta de secretario municipal tras el cese del funcionario que elaboró un informe en el que apuntaba gestión "al margen de la legalidad" relacionada con 6.300 euros en efectivo de la recaudación de la piscina. Los firmantes sostienen que el alcalde vetó a ese funcionario por haber denunciado posibles irregularidades ante el Tribunal de Cuentas.

La cronología de los nombramientos agrava la incertidumbre: el alcalde llegó a designar a un peón de servicios como secretario accidental; más tarde solicitó la incorporación por acumulación del secretario de Vallada, cuya incorporación fue denegada por la Dirección General de Administración Local; y ahora, según explican los concejales, ha optado por volver a nombrar al peón como secretario-interventor accidental, una medida que califican de "jurídicamente muy cuestionable" y que, en su opinión, añade más inseguridad a los actos municipales.

Los firmantes no se limitan a describir un atasco técnico: advierten que "el bloqueo no es una consecuencia, es una estrategia". Si efectivamente se está retrasando el nombramiento del secretario para impedir el funcionamiento normal del pleno y obstaculizar una moción registrada conforme a la ley, dejan de ser aplicables eufemismos administrativos: estamos ante una utilización del bloqueo institucional con fines políticos, lo que los concejales califican de "enorme gravedad democrática".

Apoyándose en la Ley de Régimen Local, recuerdan además la competencia de las diputaciones para prestar asistencia jurídica, económica y técnica a municipios de menor capacidad, y subrayan que en municipios de menos de 1.000 habitantes debe garantizarse la prestación de los servicios de secretaría e intervención. L'Alqueria d'Asnar, con alrededor de 500 vecinos, entra claramente en ese supuesto.

Por ello exigen medidas concretas: el nombramiento de un secretario habilitado, la retirada de decisiones "jurídicamente cuestionables", la convocatoria urgente de los plenos bloqueados, la tramitación inmediata de la moción de censura conforme a derecho y que Diputación y Generalitat cumplan con sus obligaciones y pongan fin al bloqueo. Mientras tanto, la ciudadanía local ha tomado la calle con concentraciones periódicas pidiendo la dimisión del alcalde.

Son hechos contrastados. La pregunta que queda es de responsabilidad: ¿permitiremos que la maquinaria institucional de un pueblo de 500 habitantes sea rehén de maniobras y nombramientos improvisados, o exigirán las instituciones competentes que se garantice el normal funcionamiento democrático del Ayuntamiento? El interés público reclama respuestas y actuaciones, no dilaciones ni conjeturas.