Oscuridad en Fortuny: reuniones sin rastro entre la Fiscalía y las cloacas del PSOE

La noticia es tozuda y exige lectura calmada: Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, recibió en al menos dos ocasiones al abogado Jacobo Teijelo y a Leire Díez, la llamada "fontanera" del PSOE, en la sede de Fortuny durante 2025.

Lo singular —y perturbador— no es sólo la identidad de los visitantes, sino la ausencia de todo rastro formal. Esas citas no aparecen en el libro de registros de la Fiscalìa General, no se levantó acta de las mismas y no se incorporaron a expediente alguno, según ha podido saber EL MUNDO. Tampoco fue informada la Fiscalía Anticorrupción de tales encuentros. Son huecos que exigen respuestas, no excusas administrativas.

La gravedad crece cuando se atiende al contenido y al contexto: la trama investigada, atribuida en el sumario a un entramado liderado por Santos Cerdán, pretendía obtener material comprometedor contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el fiscal José Grinda. Que la Fiscalía General haya mantenido interlocuciones con personas vinculadas a esa investigación y que no quede constancia documental plantea, al menos, un problema de integridad procedimental.

No todo lo que aquí se relata es conjetura: han sido las propias agendas y libretas de Leire Díez las que han permitido al magistrado Santiago Pedraz conocer el acceso que supuestamente tuvo esa red a la Fiscalía General. El informe remitido por el Ministerio Público a la Audiencia Nacional, reclamado por Anticorrupción, corrobora las anotaciones practicadas por Díez, según fuentes del caso.

Las comunicaciones intervenidas amplifican la imagen. Mensajes incautados a Díez recogen conversaciones con el entorno de José Manuel Villarejo y alusiones a un posible "pacto" con la Fiscalía a cambio de material comprometedor. Y uno de los teléfonos intervenidos registra una localización por la aplicación Waze en la calle Fortuny en marzo de 2025, en la hora señalada por la investigación.

La Fiscalía General, bajo la dirección de Teresa Peramato, ha informado a la Audiencia Nacional de la existencia de esas dos reuniones y ha matizado que, según su versión, los fiscales no recibieron indicación alguna del entonces fiscal general en la fecha de los hechos. Se añade que, tras la reunión, no se dictó actuación posterior porque, a juicio de los fiscales, las alegaciones de Teijelo carecían de sustento probatorio concreto. Esa explicación, sin embargo, no responde al hecho de la ausencia de documentación y a la falta de comunicación con Anticorrupción.

Queda en pie una constatación incuestionable: en un ecosistema institucional donde la apariencia y la letra de los procedimientos cuentan, la inexistencia de registros sobre encuentros con personas imputadas constituye un déficit de transparencia que obliga a examinar responsabilidades y a exigir claridad. No se trata de metáforas: son libretas, mensajes, localizaciones y la declaración oficial de que hubo reuniones cuya traza formal brilla por su ausencia.

La sociedad merece que las instituciones públicas rindan cuentas con precisión y documentación. Donde hubo interlocuciones con protagonistas de una causa que buscaba cerrar hilos incómodos a fiscales de Anticorrupción, la fiscalía no puede contentarse con explicaciones ex post; debe facilitar la trazabilidad de los hechos y despejar cualquier sombra sobre su actuación.