Órdenes en blanco: la debilidad del Estado ante la inmigración irregular

La realidad, contada por números implacables, desnuda una verdad incómoda: en 2025 España ordenó abandonar el país a 53.695 personas en situación irregular y, sin embargo, sólo 5.705 fueron efectivamente retornadas. Ese 10,6% de cumplimiento no es una anécdota sino un síntoma de un sistema que no alcanza a ejecutar lo que dicta.

No vale esconderse tras ajustes metodológicos de Eurostat para explicar un suelo que se prolonga. La tasa de ejecución en 2025 sube apenas 1,53 puntos respecto a 2024, pero ese leve avance se debe a una revisión de las cifras previas y no a una ofensiva real de cumplimiento. Incluso con el reajuste, la ejecución de expulsiones sigue estancada en niveles mínimos: la actualización llevó la ejecución de 2024 hasta un paupérrimo 9,07%.

Más aún: se expedieron en 2025 más órdenes de expulsión de las que hubo llegadas irregulares al país. Según los balances oficiales, 36.775 personas alcanzaron suelo español por vías irregulares en 2025, mientras que se impusieron 53.695 sanciones: 16.920 órdenes más que llegadas. Es la primera vez en la serie reciente que las sanciones superan a las llegadas, una estadística que debería interpelar al Ejecutivo sobre la coherencia entre sus cifras y su capacidad operativa.

La mirada a medio plazo agrava la preocupación. Entre 2023 y 2025 llegaron irregularmente 157.597 personas; contra 127.275 extranjeros se dictaron órdenes de expulsión y sólo 18.090 abandonaron el territorio: poco más del 11,5% de las sanciones ejecutadas en dos años. Y si ampliamos el horizonte a toda la legislatura, el propio Gobierno reconoce haber ejecutado 9.519 expulsiones en los últimos años (3.090 en 2023; 3.031 en 2024; 3.398 en 2025), mientras que, entre 2019 y 2025, contabiliza 20.682 retornos. Frente a 305.371 llegadas en ese período, el porcentaje de expulsados por vía administrativa se reduce al 6,78%.

No podemos ignorar el componente político: en 2024, en Dakar, el presidente Sánchez afirmó que es "imprescindible" retornar a las personas que lleguen de forma irregular. Los datos muestran que esa prioridad declarada choca con una ejecución real que no despega. El propio Ejecutivo reconoce que carece de un tratamiento estadístico que permita conocer con detalle cuántas órdenes permanecen pendientes de ejecución; es decir, la opacidad estadística acompasa la ineficacia operativa.

Este cúmulo de cifras no admite complacencias: no es cuestión de retórica sino de capacidad institucional. Cuando las órdenes se convierten en una estadística sin ejecución, se desdibuja la autoridad del Estado y se pierde la oportunidad de abordar con rigor y eficacia una política migratoria que requiere orden, control y transparencia. La palabra dada en la escena internacional exige contrastarse con resultados concretos en territorio nacional; hasta que eso ocurra, las proclamas seguirán siendo promesas de papel.