Operación Cardenal: cuando la seguridad del Estado pretende decidir quién puede gobernar

La noticia es de una gravedad política que no admite eufemismos. La Audiencia Nacional ha ordenado investigar las maniobras policiales urdidas en 2016 contra Miguel Urbán, cuando se intentó implicarlo en un caso de narcotráfico —una supuesta entrega en un bar de Malasaña de 40 kilos de cocaína “procedentes de Venezuela” para “financiar los gastos de campaña”— que la Fiscalía Antidroga archivó tras no encontrar nada.

Que haya hecho falta casi un año y una segunda instancia para que Urbán fuera reconocido como perjudicado no es un detalle menor: es indicio de un proceso que, en palabras del propio afectado, se quiso evitar a toda costa. No son pequeñas sombras ni errores aislados los que se describen en los documentos: se habla de la llamada Operación Cardenal, de informes extensos —200 y pico de páginas según Urbán— y de pesquisas que no se limitan a 2015-2016 sino que escudriñan su vida hasta 2006.

Los hechos revelados no encajan con el patrón de una investigación inocua. El relato policial que pretendía ligar a Urbán con una mochila de 40 kilos en un bar que él no frecuentaba, con un montaje tan inverosímil que ni siquiera buscaba verosimilitud, plantea preguntas incómodas sobre el objetivo último de la maniobra. La Fiscalía Antidroga mantuvo el caso abierto nueve meses; no por solidez de pruebas, sino, según la versión que hoy se examina, por empuje de quienes lo promovieron.

Y aquí aparecen nombres y siglas que no pueden ser obviados: el comisario José Luis Olivera, la UDEF y la posible implicación de Villarejo; actuaciones que, si se confirman, apuntarían —en palabras del propio Urbán— a la cúpula de la Seguridad del Estado en la época de Mariano Rajoy. No son insinuaciones casuales: Urbán denuncia que no se trató de una “manzana podrida” sino de decisiones políticas que buscaron judicializar y neutralizar ideas políticas concretas.

Es especialmente perturbador el reconocimiento público de la indefensión: Urbán recibió la noticia en un momento personal extremo —con su madre gravemente enferma— y tuvo que soportar la posibilidad de ver su nombre asociado a un relato fabricado. Cuando la maquinaria del Estado se convierte en arma contra propuestas políticas, la democracia entra en zona de sombra. La justicia, tarde o temprano, debe arrojar luz sobre por qué se mantuvo abierto un caso inverosímil y quién forzó su continuidad.

La apertura de la investigación por la Audiencia Nacional no es el final; es el comienzo de un examen necesario. Si se acreditan las presiones descritas, estaremos ante un problema institucional de primer orden: la utilización de recursos policiales y judiciales para intentar impedir que determinadas ideas llegaran a gobernar. La memoria democrática y la exigencia de responsabilidades lo demandan. La verdad procesal debe dilucidar hasta qué punto existió una estrategia orquestada y quiénes estuvieron detrás de ella.

No se puede permitir que la sospecha de impunidad circulase sin freno. La democracia exige que cualquier actuación que la ponga en riesgo sea investigada con rigor y transparencia. Hoy la Audiencia Nacional ha abierto una puerta; corresponde a la justicia y a la sociedad exigir que esa puerta no se cierre con el silencio.