Once renuncias, un alcalde: la operación de control en el PSOE de Soria

La política municipal a veces se viste de formalidad y otras, con decisiones en cadena, exhibe su entramado de afinidades. En Soria, tras la dimisión de Carlos Martínez como alcalde después de 19 años para asumir el liderazgo de la oposición en las Cortes de Castilla y León, el bastón de mando no se trasladó por la vía de la elección directa ni por un debate abierto: se abrió por la lista y por la renuncia coordinada de once concejales socialistas que iban por delante en el orden electoral. Así, el número 15, Javier Antón, tomó posesión como nuevo regidor.

Que once compañeros cedieran su acta no es anécdota sino decisión de partido en bloque. Antón concurrió en 2023 como número 15 cuando el PSOE obtuvo 12 concejales; la concatenación de vacantes y renuncias —incluida la de María Antonia Dulce Pérez, que ocupaba el puesto 14 y que también rehusó el acta— ha permitido que quien menos votos de lista obtuvo termine ocupando el sillón municipal. El propio Antón es, según la información disponible, persona de la total confianza de Martínez, que, además, mantiene sus responsabilidades en Madrid como senador.

En el pleno extraordinario que formalizó la toma de posesión, Martínez reaccionó con reproche hacia las fuerzas que cuestionaron la elección: habló de falta de “cortesía institucional”, denunció que “han mostrado su peor versión” y afirmó que “todo vale para rascar unos votos”. Son palabras que subrayan la tensión: la maniobra se presenta como legal y ordenada desde el punto de vista orgánico, pero no exenta de controversia política pública.

El nuevo alcalde recibió una corporación dominada por el PSOE: los socialistas mantienen mayoría absoluta en Soria desde hace cuatro legislaturas. Antón, pese a haber sido el último en incorporarse, declaró voluntad de “diálogo” con la oposición y alertó de que “no se puede dejar que el desacuerdo se transforme en odio”. En el hemiciclo, el PP cuenta con siete representantes y Vox con dos.

El recurso a la lista no es una novedad aislada. El circuito político español ya había contemplado maniobras parecidas: el caso recordado en Extremadura, cuando Miguel Ángel Gallardo hizo renunciar a cinco compañeros para que la lista corriera y él adquiriera la condición de diputado regional, ilustra un uso estratégico de las renuncias para aforarse. Aquella operación perseguía, según la información, un objetivo de protección jurisdiccional ante un procedimiento judicial; y, al final, Gallardo tendrá que hacer frente al juicio oral acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias sin ostentar cargo público tras una debacle electoral.

Lo sucedido en Soria plantea preguntas políticas claras sobre la representación: cuando la lista permite que el último de la relación de candidatos acceda al gobierno local gracias a once renuncias concertadas, la legitimidad de la acción pública queda sujeta no ya a la voluntad ciudadana sino a la disciplina interna. Es legal y está previsto, pero su utilización en bloque obliga a un escrutinio ciudadano y a debate público sobre la frontera entre el funcionamiento orgánico de los partidos y la transparencia democrática.

Sea cual sea la interpretación, la foto es incuestionable: un alcalde que se marcha a liderar la oposición autonómica, un hombre de confianza que asciende por renuncias en cascada, y un partido que exhibe mayoría pero también una estrategia de sustitución que algunos han señalado y otros defienden como normal. La política local no debe perderse en los vericuetos de las listas: la ciudadanía merece entender con nitidez cómo y por qué se producen esos relevos.