Oír, ver y acatar: el servicio que tapa grietas en la casa pública

Hay tareas invisibles que sostienen la maquinaria del Estado: abrir puertas, anotar citas, pasar llamadas. Ese anonimato, en principio virtud de discreción y eficacia, se ha mostrado en el caso Koldo como una cortina fina tras la que se deslizan prácticas que el ciudadano no ve y, sin embargo, paga con su derecho a instituciones transparentes.

Ana María Aranda, que no ejercía como funcionaria pero transitó del grupo parlamentario del PSOE al puesto de secretaria personal de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha reconocido haber expedido salvoconductos sin control. Lo hizo, según su relato, a requerimiento de Koldo García: nombre, DNI y una excusa —cuando la había— bastaban para obtener un formulario que permitía circular en plena segunda ola de la pandemia. No comprobó si las citas se celebraban; no necesitó comprobarlo. Esa ligereza burocrática dejó vía libre a movimientos que deberían haber sido excepcionales y rigurosamente justificados.

Desde su puesto, Aranda vio pasar a Víctor de Aldama con la soltura del que tiene confianza o puerta abierta. No supo quién autorizaba esas visitas ni con qué propósito exacto venían; sí percibió, sin embargo, que algunas eran oficiales: al menos tres encuentros formales se recuerdan, uno con un gobernador mexicano y dos con Javier Hidalgo, CEO de Globalia. Hidalgo, por su parte, ha rebajado su papel en la trama y lo enmarca como un enlace “institucional”, asegurando además que todo fue legal y negando sobornos. Son versiones que conviene escuchar, pero no eximen de que exista una cadena de hechos que exige aclaración.

Piedad Losada, secretaria de Aldama y ya imputada en la Audiencia Nacional, aporta otro trazo del mismo cuadro. Fue ella quien comprobó la familiaridad de Aldama con el ministerio —una llamada directa que terminó con “te paso a José Luis”— y quien redactó para Ábalos un informe sobre una cuestión de usucapión que le transmitió su jefe. También intervino, según su testimonio, en la operación inmobiliaria que permitió la compra del chalé gaditano por parte de Have Got Time, formalmente a nombre de Leonor González Pano pero inscrita, en palabras de Losada, como una gestión ligada a Claudio Rivas, socio de Aldama. Cuando se le preguntó por detalles clave sobre la finca, Losada optó por el silencio amparado en su derecho a no declarar. Es un silencio que alimenta sospechas y complica la rendición de cuentas.

La economía del intercambio documental y la entrega de “paquetería” aparece en los relatos como parte de la rutina: recibir y entregar, práctica habitual. Hasta el hermano de Koldo García, Joseba, figura en esas incidencias menores —la compra de un Volkswagen Passat de segunda mano, por ejemplo— que, sin embargo, trazan la red de relaciones personales que orbitan alrededor de decisiones públicas. No consta que se aporten pruebas de soborno en todos los episodios relatados, pero la concatenación de favores, permisos y gestiones administrativas hechas a golpe de confianza merece explicación pública.

No es cuestión de demonizar a quienes ocupan puestos de apoyo en las oficinas; muchas veces su lealtad y eficiencia sostienen la actividad institucional. Pero cuando la confidencia y la costumbre sustituyen al control y a la verificación, el gran perjudicado es el interés público. Las secretarias escucharon, vieron y, en muchos casos, acataron. Si esa obediencia evita responsabilidades o tapa conductas impropias, la democracia pierde más que verdades: pierde mecanismos de prevención.

Exigir claridad no es persecución sino defensa de la res pública. Que declare quien deba declarar, que se revisen los procedimientos que permitieron la emisión masiva de permisos excepcionales y que las instituciones recuperen controles cuando la normalidad se dobla ante apellidos y llamadas. Porque la confianza se funda en hechos comprobables, no en el murmullo de pasillos ni en la explicación por omisión.