No más promesas: policías y guardias exigen jubilaciones dignas y reconocimiento de riesgo

El sábado 18 de abril de 2026, en el corazón de la capital, cientos de policías nacionales y guardias civiles alzaron la voz. Lo hicieron convocados por los sindicatos Jusapol y Jupol y por la asociación Jucil, partiendo de la Puerta del Sol y marchando hasta el Congreso de los Diputados para leer un manifiesto que sintetiza una frustración acumulada.

Exigen —con claridad meridiana y sin eufemismos— la aprobación inmediata del real decreto que regula la jubilación anticipada de los policías nacionales encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Reivindican, además, la equiparación salarial real y el reconocimiento de la profesión policial como profesión de riesgo. Demandas concretas y legales, no proclamas retóricas.

La protesta no fue un acto aislado ni espontáneo: se enmarca tras una resolución judicial. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los policías nacionales a la jubilación anticipada, estimando un recurso presentado por Jupol contra la desestimación por silencio administrativo del Consejo de Ministros. Aun así, los organizadores denuncian que el Gobierno «sigue sin cumplir». Esa es la acusación que arde en las calles.

La movilización contó con la presencia pública del portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, y del diputado del PP Pedro Muñoz Abrines, quienes acompañaron la marcha hasta el Congreso. Pero los protagonistas han sido los agentes que no disimulan su hastío: «Ya está bien de tomarnos el pelo, no vamos a parar hasta que consigamos la declaración de profesión de riesgo para todos los policías y guardias civiles y el resto de los operadores de seguridad. Que le quede claro al ministro y al Gobierno de España, que si quiere guerra, va a tener guerra», afirmó el secretario general de Jupol, Aarón Rivero.

No se trata de una petición genérica: reclaman la materialización de un derecho reconocido por la Justicia y la regulación que garantice esa condición. Reclamaciones judiciales, borradores de real decreto valorados por los sindicatos como consecuencia directa de la sentencia del Supremo, y la percepción de un bloqueo gubernamental que ha llevado a los agentes a salir a la calle.

La escena en Madrid es una denuncia pública y una advertencia: las fuerzas de seguridad, que piden trato justo y seguridad jurídica, han decidido convertir la impaciencia en protesta. El Gobierno dispone ahora de un mapa claro de demandas y de la sentencia que las sustenta. La responsabilidad política y administrativa es, también, un deber que no admite dilaciones.