No hubo pucherazo: crimen común, sí; alarma política, también

La realidad, tozuda y prosaica, ha desmentido una interpretación épica y peligrosa: el robo de papeletas en Extremadura no fue un intento de pucherazo sino el resultado de la acción de una banda dedicada al latrocinio común.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Xtafeta', ha identificado y detenido a dos de los cuatro integrantes de ese grupo —uno falleció meses atrás—, responsables presuntos de 16 robos y otros delitos. Los investigadores vinculan a los detenidos con asaltos a oficinas de Correos en Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía, así como a establecimientos comerciales en diversas localidades de Badajoz y Cáceres.

No fue un gesto aislado ni improvisado: la investigación describe una planificación concertada, vehículos sustraídos, matrículas falseadas y un patrón recurrente de sustracción de cajas fuertes que contenían dinero en efectivo y, en algún caso, papeletas electorales remitidas por correo.

Entre los episodios que más repercusión mediática alcanzaron figura el del conocido 'camión de los regalos' en Monesterio, asaltado en Navidad, de donde se llevaron la caja fuerte y papeletas de un sorteo valorado en 300.000 euros. En Fuente de Cantos fueron sustraídos 14.000 euros en metálico y 124 papeletas electorales; horas después la caja fuerte apareció abandonada a 95 kilómetros, en Talavera la Real, y las papeletas habían sido quemadas.

La líder regional del PP, María Guardiola, reaccionó con dureza advirtiendo en redes de que "están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", señalando la gravedad simbólica del hecho a tres días de unas elecciones decisivas. La autoridad judicial y la Benemérita, sin embargo, han puesto los hechos en su lugar: delincuencia común organizada, con todos los delitos conexos instruidos y entregados a la Sección de Instrucción n.º 2 del Tribunal de Instancia de Zafra.

La política no debe renunciar a su capacidad de alarma ni la sociedad a su derecho a denunciar irregularidades, pero tampoco puede convertir cada suceso delictivo en un relato conspirativo sin fundamento. La investigación forense, las imágenes, las pruebas periciales y las manifestaciones de testigos han permitido identificar a los autores y atribuirles delitos concretos: robo, hurto de vehículos, falsedad documental, delito electoral y pertenencia a grupo delictivo.

Que exista un bandalismo profesional que actúa con audacia y repercusión pública exige respuesta policial, judicial y administrativa; que se utilicen esos delitos como pista de acusación política sin esperar a las diligencias agrava la crispación y erosiona la confianza ciudadana. Conviene, por tanto, que la indignación se encauce en exigencias de eficacia contra la delincuencia y en prudencia informativa: lo uno no justifica lo otro.

La conclusión que queda, fría y necesaria, es que los electores afectados pudieron volver a votar y que la investigación sigue su curso para localizar al tercer detenido identificado y cerrar el expediente del cuarto implicado fallecido. Los hechos, al final, hablan más alto que las proclamas: delincuencia organizada, no fraude electoral masivo.