No hay reinserción sin verdad: la trampa de la llamada justicia restaurativa

No estoy en contra de la reinserción de los presos de ETA. Todo lo contrario: deseo que se haga bien y de verdad. Pero la política no puede disimular ni eludir lo esencial. Lo que hemos conocido por EL MUNDO sobre el programa de “justicia restaurativa” del Gobierno vasco debe leerse con una pregunta incómoda y necesaria: ¿restaurar exactamente qué? Si la respuesta es solo un encuentro escenificado entre víctima y agresor o facilidades penitenciarias, estamos ante un formalismo que pretende sustituir la responsabilidad por la ceremonia.

El terrorismo de ETA no fue mera delincuencia común; tuvo carácter político, produjo un daño personal irreparable a las víctimas y, simultáneamente, un daño social y político al conjunto de la sociedad y a nuestro Estado de derecho. Durante décadas, su violencia fue jaleada, justificada e impulsada por un entramado político y social del que la izquierda abertzale formó parte. Esa atmósfera de legitimación no ha desaparecido por completo: aún persisten en el espacio público mensajes que reclaman impunidad y la reiterada denominación de “presos políticos” por parte de EH Bildu.

La reinserción de quien integró ETA exige algo más que empatía genérica. Exige hechos verificables que acrediten una ruptura real con la lógica de la organización: colaboración con la Justicia, identificación de responsabilidades, renuncia explícita y comprensible a la matriz ideológica que hizo posible el terrorismo. Ese ejemplo ya existe; los testigos protegidos en el caso del asesinato de mi hermano, Gregorio Ordóñez, dieron pasos que demuestran, con acciones concretas, una salida del mundo mafioso de ETA. No se hace algo así por oportunismo: se paga un coste personal altísimo y se contribuye a desactivar la impunidad.

Lo contrario —convertir el arrepentimiento en un trámite burocrático, rebajar requisitos para la progresión de grado penitenciario y revestirlo todo de terminología amable— responde a una lógica política concreta: la que acompaña al final negociado de ETA. Ese proceso ya ha tenido fases previsibles: la entrada en las instituciones de sus brazos políticos, excarcelaciones amparadas en interpretaciones jurídicamente discutibles como las derivadas de la doctrina Parot, la escenificación de un final “sin vencedores ni vencidos” y la autoliquidación de la organización. Hoy asistimos, según se denuncia, al cumplimiento de la última aspiración: vaciar las cárceles sin exigir una ruptura efectiva con el entorno social y político que justificó los crímenes.

Las víctimas no debemos ser llamadas a acreditar una fe privada en cartas ambiguas ni en gestos que no pueden verificarse. La verdadera justicia restaurativa pasa por reconocer la injusticia radical del terrorismo, por desmantelar públicamente la narrativa que lo justificó y por exigir responsabilidades verificables. Todo lo demás —actos simbólicos, terminología blanda, privilegios penitenciarios sin contrapartidas reales— no es reparación, es puesta en escena. Y la nación que pretende curar sus heridas no puede permitir que la piedad se convierta en impunidad.