No es modernidad: es contabilidad de riesgos y dilución de responsabilidades

El Ayuntamiento de Torrevieja ha autorizado la constitución de una unión temporal de empresas denominada “Cuida Torrevieja”, formada por Acciona y Actúa Servicios y Medio Ambiente. Sobre el papel, la UTE asumirá la limpieza viaria, la recogida de residuos y el mantenimiento de playas, mientras Actúa seguirá a cargo de las zonas verdes. Los hechos, sin embargo, exigen una lectura fría y rigurosa.

Actúa pertenece al grupo Hozono Global —antes Grupo Generala— y su trayectoria en Torrevieja no es neutra: la empresa figura asociada a adjudicaciones públicas que forman parte del expediente que acabó con la condena del exalcalde Ángel Hernández Mateo por irregularidades en el contrato de basuras. No son relatos; son hechos que deben pesar en la valoración política y administrativa de cualquier nueva fórmula de gestión.

Tampoco son baladíes las cifras ni los cambios de rumbo administrativos: la licitación impulsada por el anterior gobierno de coalición situaba el coste de la limpieza viaria entre 16 y 17 millones de euros anuales; con el retorno del Partido Popular al gobierno municipal se promovió una nueva licitación que elevó esa horquilla hasta los 24–25 millones. Una diferencia llamativa por el mismo servicio público que, en última instancia, pagan todos los torrevejenses.

El contrato adjudicado a Acciona tuvo un largo recorrido técnico: hasta seis informes técnicos ofrecieron valoraciones distintas sobre las ofertas. Desde el Grupo Municipal Socialista han denunciado un cumplimiento que califican de deficiente y han documentado incumplimientos concretos: durante años no se desplegó el contenedor marrón para materia orgánica, una obligación del contrato que impidió la correcta separación de residuos por parte de la ciudadanía.

En paralelo, Actúa continuó prestando el servicio de zonas verdes sin contrato tras su finalización en 2022, percibiendo facturas mensuales superiores a 263.000 euros. La misma empresa obtuvo el contrato de mantenimiento del riego por más de 257.000 euros anuales, cuando, según la fiscalización, muchas zonas verdes presentaban sistemas de riego que no funcionaban. Además, se adjudicó un contrato específico para la reparación del riego por casi 48.000 euros pese a los reparos de la asesoría jurídica.

El nuevo contrato de zonas verdes adjudicado a Actúa en 2025, por más de 111 millones de euros, ya muestra indicios de incumplimiento: las revisiones de las palmeras —obligatorias según el pliego cuando se produce la caída de alguna— prácticamente no se han llevado a cabo; sólo se revisaron una vez, y fue tras una tragedia. Ese episodio puso en evidencia que lo exigible por contrato no se cumplía en tiempo y forma.

Frente a estos hechos, el argumento que ha puesto sobre la mesa la portavoz socialista, Bárbara Soler, es nítido: dos empresas que han mostrado incumplimientos por separado se unen ahora en una UTE, no para aportar garantías adicionales al servicio, sino, según su diagnóstico, para diluir responsabilidades y dificultar la fiscalización. Es una acusación que, emanando de los hechos conocidos, obliga al gobierno local a dar respuestas claras.

Torrevieja necesita respuestas documentadas y contratos que se cumplan, no eufemismos ni estructuras que empañen la trazabilidad de quién hace qué y quién responde cuando falla el servicio público. La constitución de “Cuida Torrevieja” plantea una encrucijada administrativa y política que no puede resolverse con siglas: exige transparencia, control riguroso y rendición de cuentas ante los ciudadanos.