No declarar, sí reivindicar: la jugada procesal de Koldo García

Koldo García acudió a la Audiencia Nacional como quien reclama formalmente un principio elemental del derecho: que nadie sea juzgado dos veces por los mismos hechos. Minutos ante el juez Ismael Moreno bastaron para que el antiguo asesor de José Luis Ábalos ejerciera su derecho a no declarar. No fue un desaire improvisado, sino la respuesta trazada por su defensa: la vista en el Tribunal Supremo ya abordó, según ellos, los contratos por las mascarillas de Baleares y Canarias y, por tanto, repetir el examen equivaldría a una doble persecución.

El contexto no admite simplificaciones. García ha permanecido en prisión provisional en Soto del Real desde noviembre y fue trasladado para esta citación. Sobre la mesa del instructor de la Audiencia reposan informes de la Guardia Civil y de la UCO que vinculan la compra de material sanitario en abril de 2020 —cuando las alarmas por la pandemia eran máximas— con intermediaciones que participaron, según la investigación, en la derivación de partidas hacia las islas y en la canalización de adjudicaciones hacia la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama.

La defensa no oculta su argumento: la inclusión en el informe final del juicio celebrado en el Supremo de las compras realizadas por Baleares y Canarias, y la propia práctica probatoria —con declaraciones solicitadas y obtenidas, dicen, como las de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres— verifican que los mismos hechos ya fueron objeto de enjuiciamiento. Si la Audiencia rechazase el recurso, anunciaron la posibilidad de que García declare de forma voluntaria. Es un movimiento procesal medido, que invoca garantías y que coloca sobre la mesa la fiscalización de la competencia entre órganos judiciales.

No obstante, los documentos entregados por la Guardia Civil al juez describen una secuencia precisa: contactos previos, comunicaciones entre responsables de las administraciones insulares y directivos de la empresa suministradora, la llegada casi inmediata del material utilizando una partida que se dirigía al Ministerio de Transportes y un contrato de emergencia publicado semanas después. Esos cruces alimentan la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre intermediaciones que facilitaron adjudicaciones posteriores y supuestas contraprestaciones económicas entre 2019 y 2022, hipótesis que García negó durante el juicio en el Supremo.

La reclamación recurrente de la defensa sobre los efectos de la intervención de sus teléfonos añade otra dimensión a esta jornada: García reclama la devolución de todos los dispositivos que la Guardia Civil intervino en el registro de su domicilio en febrero de 2024 para poder ejercer su defensa, y denuncia que ciertos medios han publicado mensajes extraídos de esos móviles relativos a su vida privada. Su abogada asegura que volverá a solicitar la entrega de esos dispositivos en próximas actuaciones, tanto en la Audiencia como en el Supremo.

Estamos, pues, ante un choque de dos realidades: por un lado, la instrucción que sigue compilando pruebas y vínculos telemáticos y de cadenas de intermediación; por otro, la estrategia procesal de quien invoca la doble valoración judicial y la protección de materiales esenciales para su defensa. La justicia tiene ahora la tarea de dirimir límites competenciales y probatorios sin olvidar que, en el centro del debate, están hechos investigados en plena pandemia y la exigencia ciudadana de claridad y publicidad en la contratación pública.