No al ‘prioridad nacional’: derechos por persona, no por DNI

El pulso que abre la política autonómica no es una abstracción: es la decisión de quién merece apoyo público. El PSOE de Castilla y León ha alzado la voz con premura y con razón contra la “prioridad nacional” que PP y Vox han incluido ya en sus pactos en Extremadura y Aragón. No es una cuestión semántica: es la definición de derechos.

Carlos Martínez ha formulado la denuncia en términos nítidos y personales en el acto por el día de la comunidad en Villalar. Ha recordado que “uno de cada tres castellanos y leoneses tiene que estar en Madrid, en Barcelona o en Bruselas” y que esos connacionales no pueden ver mermados sus derechos por haber emigrado dentro de España. Derechos inherentes a la condición de persona, ha subrayado, no mercancías sujetas a un carnet de identidad.

La advertencia es simple y severa: quien abre la puerta al “españoles primero” siembra una lógica de escalonamiento identitario. “En esa deriva —ha dicho Martínez— mañana será los madrileños primero y pasado los catalanes y los andaluces.” ¿Queremos una política de prioridades por origen territorial o una administración que garantice igualdad allí donde viva cada ciudadano?

Martínez ha enmarcado su reproche en la historia de Castilla y León como tierra de emigrantes y de acogida, y ha vinculado esa defensa de derechos universales al orgullo por un Gobierno que, en su opinión, enarbola esos principios a nivel internacional. Es un argumento de principios: la dignidad y la igualdad no pueden depender de un acuerdo autonómico que anteponga criterios identitarios a la protección social.

En el tablero político inmediato está la negociación que debe permitir a Alfonso Fernández Mañueco prolongar cuatro años su mandato al frente de la Junta. Mañueco, ante la pregunta sobre el concepto de “prioridad nacional” suscrito en Extremadura y Aragón, ha preferido no valorar hasta que exista un acuerdo cerrado con Vox. Esa prudencia no elimina la preocupación expresada por los socialistas.

La política puede resolverse en pactos pragmáticos; pero también se juega en los símbolos y en las reglas básicas del Estado social. Cuando se discute a quién acuden las ayudas públicas, no hablamos solo de gestión: hablamos de la idea de comunidad que queremos sostener. Y esa idea, según el PSOE regional, no admite graduaciones por lugar de origen dentro de España.

La pregunta última queda en el aire y exige respuesta clara: ¿se instalará la prioridad identitaria en la distribución de recursos o prevalecerá el principio republicano de igualdad efectiva para todos los ciudadanos, vivan donde vivan? La respuesta marcará no solo el rumbo político de una Junta, sino el signo moral de la convivencia entre españoles.