Niegan la oferta: entre la acusación y la defensa, la verdad pendiente

La escena es de una claridad no exenta de estridencia: en los pasillos del Congreso, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, pronuncia una frase tajante que pretende poner fin a la versión de los hechos. "Es absolutamente mentira", dice al ser preguntada sobre si su formación ofreció a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, mentir en su declaración ante el Tribunal Supremo para evitar la cárcel.

La réplica no es un matiz, sino un choque frontal de versiones. Koldo García, en su intervención final en el juicio por la supuesta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, había sostenido que le ofrecieron beneficios procesales a cambio de implicar falsamente a miembros del Gobierno de Sánchez. Denunció también al abogado del PP y a dos medios de comunicación por esa supuesta propuesta. Son dos relatos que se encaran y que reclaman transparencia y comprobación ante los tribunales.

No es menor el tono personal que atraviesa las declaraciones: Gamarra añade, con una mezcla de desprecio y cansancio, "Al final al señor Koldo ya lo conocemos. Ya lo conocemos todo, ¿no?". Koldo, por su parte, habló emocionado de la pérdida de su familia y amigos y relató episodios concretos que le afectan, como el registro de su vivienda en Alicante, donde se encontraba su hija de tres años; un gesto que calificó como montaje y que él asocia al tratamiento mediático y procesal que sufre.

Los hechos procesales están en marcha y las acusaciones cruzadas elevan la discusión pública: por un lado, la negación categórica del PP; por otro, la acusación de Koldo sobre ofertas para obtener declaraciones favorables. Nadie puede sustraerse a la lógica elemental: las afirmaciones requieren pruebas, y las pruebas deben ser aportadas ante la autoridad competente. Hasta entonces, el pulso de versiones seguirá marcando la percepción ciudadana.

La política, la justicia y la opinión pública convergen aquí en un tribunal de audiencias donde la credibilidad es moneda corriente y riesgo público. No se trata de silenciar, ni de exaltar sin fundamento; se trata de exigir que las palabras se demuestren con hechos verificables, que los procesos sigan su curso y que la transparencia venza a la contienda retórica. Así se preserva la confianza en las instituciones y en la verdad que merecen los ciudadanos.