Negociación en Extremadura: entre avances y zancadillas, la patria espera

La escena política en Extremadura volvió a desplegarse ayer con la teatralidad propia de una transición regional que aspira a convertirse en ejemplo de estabilidad. En Mérida, Partido Popular y Vox se sentaron a negociar la composición del Ejecutivo autonómico y, según los protagonistas, la negociación «se ha desbloqueado». Un paso adelante para la gobernabilidad que, sin embargo, llega acompañado de reproches y cortinas de humo.

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, no escondió su satisfacción: «Parece que estamos avanzando a pesar de las zancadillas de Génova». Palabras que no son mero retintín: llegan en un contexto en el que Vox sufre tensiones internas —como la apertura de expediente de expulsión a Iván Espinosa de los Monteros— y en el que dirigentes de la extrema derecha acusan directamente al entorno de Alberto Núñez Feijóo de interferir en las conversaciones. El diputado José María Figaredo, presente en la cita de Mérida junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, señaló también en esos términos el origen de las disputas.

Por su parte, la dirección del PP optó por subrayar la buena sintonía y la voluntad de cerrar un acuerdo. Tellado celebró que Vox «haya vuelto a la mesa de negociación» y Elías Bendodo habló de acercamiento de posturas y confianza en un pacto que permita dar un Gobierno a Extremadura. El PP insiste en que la reunión se centró en cuestiones técnicas autonómicas: vivienda, reducción de impuestos, iniciativas de regadío como el proyecto de Tierra de Barros y la continuidad de Almaraz con su ecotasa ajustada. Según fuentes populares, las reivindicaciones de calado ideológico reclamadas por Vox —fin del Pacto Verde y del Mercosur, prioridad de españoles en sanidad, políticas contra la sustitución demográfica, la familia como eje o el rechazo a acuerdos europeos del PP con el PSOE— no estuvieron sobre la mesa en Mérida.

La disonancia es manifiesta: Vox declara optimismo y reivindica su papel para «derogar políticas malas» y materializar una alternativa; el PP proclama que los puntos en torno a la gobernanza regional han sido los tratados y que el proceso marcha hacia la investidura tras Semana Santa. La literalidad de estas posiciones deja en el aire una cuestión básica: hasta qué punto la voluntad de formar gobierno se traduce en compromisos concretos y verificables que respondan al interés general de los extremeños.

No faltaron voces críticas que recuerdan el coste político de estas maniobras. Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, calificó las negociaciones de «sainete» y advierte que Santiago Abascal podría sacrificar el interés regional por un efecto político contra Feijóo. Es un recordatorio nítido de que, mientras las siglas negocian y se reprochan, la ciudadanía extremaña observa con la legítima exigencia de que la alternativa prometida sea, en verdad, un proyecto estable y no un baile de siglas para repartirse cargos.

La política, como la sed de grandes gestas, exige claridad y coherencia. Que haya «mesa de negociación» y noticias halagüeñas es un dato positivo; que las acusaciones de zancadillas y las aperturas disciplinarias circulen en voz alta es una advertencia. La patria regional no merece beaterío partidista ni promesas veladas; merece acuerdos transparentes y políticas públicas que se expliquen y se sostengan en hechos. Si Extremadura va a estrenar gobierno, que lo haga con la lealtad de los firmantes y la claridad de los compromisos, no con el rumor de pasillos y la liturgia de las zancadillas.