Negligencia que mató: la pasarela de Santander no cayó por azar

La tragedia de El Bocal no fue una fatalidad inadvertida: fue el resultado previsible de un conjunto de fallos técnicos y administrativos que, según el perito judicial, confluyeron para provocar la muerte de seis personas y heridas graves a otra.

El informe del ingeniero de Caminos Jorge Rebanal Lebeña dibuja una secuencia tan clara como implacable. La pasarela, erigida en 2014, descansaba sobre dos vigas principales de madera laminada sustentadas por cinco vigas secundarias articuladas mediante estribos metálicos. Esa solución, tal y como describe el perito, no respetaba el principio elemental de robustez estructural: la estructura no estaba concebida para soportar el fallo puntual de uno de esos apoyos sin desencadenar un colapso generalizado.

Lo que ocurrió fue exactamente eso: la pérdida de capacidad resistente de un herraje —debilitado por una corrosión prolongada— provocó un súbito incremento de cargas sobre las uniones próximas y desató una rotura en cadena. El tablero central basculó "como una doble trampilla", expresión del informe que explica la caída simultánea de varias personas.

No estamos ante un daño reciente ni milagroso. Los herrajes metálicos presentaban un deterioro extremo, con pérdida de material hasta el punto de deshacerse al manipularlos después del siniestro. El perito subraya además que el material elegido para esos apoyos —acero galvanizado— no era el adecuado para una pasarela expuesta permanentemente a humedad, salinidad y la acción del mar: la normativa técnica recomienda, en tales condiciones, aceros de mayor resistencia a la corrosión, como el AISI 316.

Y si la elección de materiales fue cuestionable, la gestión posterior lo fue aún más. A lo largo de casi doce años, la infraestructura debería haber sido objeto de inspecciones periódicas y de al menos dos revisiones en profundidad, además de mantenimiento programado: renovación de tratamientos protectores de la madera y control y sustitución de elementos metálicos. El informe no encuentra constancia documental de tales actuaciones. La última intervención conocida, en julio de 2024 por la Demarcación de Costas, se limitó a reparar barandillas y elementos de protección lateral sin abordar la estructura portante ni los herrajes ya muy deteriorados.

La conclusión del perito es tajante: no existía un plan de mantenimiento; el mantenimiento realizado fue insuficiente y la labor de inspección fue, en el mejor de los casos, inexistente. En ese contexto, el colapso era evitable. Ese diagnóstico pasa de ser técnico a ser una soberana obligación ética y legal: depurar responsabilidades, comprobar omisiones y ajustar procedimientos para que no se repitan tragedias semejantes.

El informe, fechado el 9 de abril de 2026 y ahora incorporado a la instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, es pieza clave en una investigación donde figuran imputados, entre otros, el jefe de la Demarcación de Costas —director de la obra— y el jefe del Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación. Los hechos contenidos en ese informe exigen respuestas claras y medidas inmediatas: la sociedad merece saber cómo se permite que una obra susceptible de deterioro en entorno marino funcione casi doce años sin las inspecciones y el mantenimiento que la seguridad demanda.