Negligencia que mata: la pasarela que no debió romperse

El juicio de los hechos es implacable y se escribe con metal corroído: la pasarela de la senda costera de Santander colapsó porque los herrajes que vinculaban vigas secundarias y primarias habían perdido sección resistente por la corrosión. Esa es la conclusión del perito judicial, requerida por la magistrada y consignada en un informe que no admite eufemismos.

No se trata de una fatalidad imprevisible, sino de un deterioro que «no habría pasado desapercibido» en una inspección visual bajo el tablero o desde un costado. El perito describe el mecanismo: el fallo de una unión sobrecarga las restantes, provoca una reacción en cadena y termina con la caída del tablero. Difícil saber cuál fue el primer estribo en ceder; la hipótesis más probable apunta al herraje central de apoyo sobre la viga sur. Y aún más gráfico: los estribos estaban tan degradados que un trozo recogido del suelo se deshizo en las manos.

Hay, además, una segunda sentencia técnica sobre la gestión: «no hay constancia de un plan de mantenimiento», el mantenimiento efectivamente realizado fue insuficiente y la labor de inspección fue, cuando menos, negligente. La reparación acometida en julio de 2024 por la Demarcación de Costas se limitó a las barandillas; ninguna actuación tocó la estructura de madera, los herrajes ni la tornillería de las uniones estructurales. En resumidas cuentas, trabajos para evitar caídas por el lateral, pero nada orientado a garantizar la seguridad estructural.

El informe añade un dato constructivo: no se siguió el proyecto original de 2012. En lugar de ejecutar rastreles en una sola pieza de diez metros, se dividieron en dos mitades; según el perito, la solución de una pieza hubiera hecho la rotura algo más lenta, menos brusca. Es decir, decisiones constructivas y de mantenimiento que influyeron en la fragilidad final.

El coste humano es insoportable y concreto: seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, murieron aquel 3 de marzo; compañeros de estudios que viajaban desde varias provincias y que ya no volverán. La tragedia es la derivada más cruda de lo que el informe califica con términos técnicos pero que, en la práctica, significa incumplimiento de obligaciones de conservación y vigilancia.

Frente a estos hechos, la pregunta es elemental y republicana: quién asume la responsabilidad administrativa, técnica y moral de que una infraestructura dependiente de Costas presentara un deterioro tan avanzado. No cabe sustituir la indignación por la resignación: la seguridad de los ciudadanos exige protocolos claros, planes de mantenimiento registrados y controles eficaces. No basta con saneos cosméticos; cuando hablamos de estructuras que sostienen vidas, la apariencia no es sustituto de la integridad.

Que el peritaje judicial haya identificado causas concretas obliga a la acción: depuración de responsabilidades, refuerzo de inspecciones, y revisión de criterios de obra y conservación. La sociedad demanda respuestas y garantías para que la memoria de quienes murieron no se consuma en un expediente sin consecuencias. El dolor exige verdad y, sobre todo, consecuencia: quienes gestionan el patrimonio público deben responder con claridad y eficacia o hacerse a un lado.

No es solo un reclamo técnico: es una exigencia ética. Cada pasarela, cada barandilla, cada tornillo y cada herraje son piezas de una obligación colectiva. Cuando esa obligación se abandona, pagamos el precio más alto. El peritaje ha hablado; corresponde ahora a las instituciones traducir esos hechos en responsabilidades y en medidas que impidan que la negligencia vuelva a costar vidas.