Montero deja a España al filo de un expediente europeo

María Jesús Montero se despedía del Consejo de Ministros mientras, en el Parlamento, Cristina Herrero emplazaba a la realidad con cifras y advertencias. No es un episodio de transición menor: es la constatación cruda de que las cuentas públicas han entrado en una zona de riesgo real y verificable.

Herrero, ex presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sostuvo ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que el coste de los decretos anticrisis aprobados —5.000 millones, según Pedro Sánchez— provoca que España exceda ya este año los márgenes de desviación previstos por el marco fiscal europeo. La consecuencia es directa y fehaciente: el país queda en condiciones objetivas de que la Comisión Europea abra un Procedimiento de Déficit Excesivo, instrumento que obliga a ajustes bajo sanción.

No se trata de conjeturas: Herrero explicó que la flexibilidad que hasta ahora parecía salvar a España en 2026 dejaría de bastar con el impacto de la guerra en Oriente Medio y las medidas aprobadas. Lo que antes se esperaba para 2027 llega ahora con premura al ejercicio 2026. Ese adelanto no es un efecto retórico, sino la traducción técnica de límites de control —tres décimas anuales y seis décimas acumuladas del PIB— que quedarían rebasados.

Y si la frontera europea se puebla de alarmas, la regla de gasto nacional arroja, según la ex jefa de la AIReF, un diagnóstico aún más severo: incumplimiento "total y absoluto" por parte de la Administración Central y la mayoría de comunidades. Un suspenso que, en teoría, exigía la presentación de planes de ajuste que ni la ministra ha impulsado ni ha forzado a sus homólogos autonómicos a presentar.

Frente a este panorama, Montero defendió la semana pasada en el Senado la única vía para evitar el expediente: que la UE desactive las reglas de déficit por la guerra en Irán. Pero la propia ministra admitió que no existe todavía acuerdo entre los responsables de Finanzas de la UE. Es decir: la solución que propone depende de terceros y no está garantizada.

La respuesta del PSOE a las voces críticas fue la censura a la propia Herrero por falta de "discreción". El portavoz socialista acusó a la funcionaria de no callar cuando estimó que su obligación era defender la independencia de la AIReF y comunicar sus conclusiones. Tras el cruce, Montero propuso para la sucesión en la AIReF a su secretaria general del Ministerio, Inés Olóndriz, mientras Herrero reclamaba equiparar criterios para evitar el desorden legal.

La secuencia es clara: una ministra que se despide para aspirar a una Junta autonómica; una autoridad fiscal que enciende el aviso rojo sobre déficit y reglas de gasto; un Ejecutivo que apuesta por la espera de una exoneración europea no acordada. No hay ficción en ello, sólo hechos que exigen respuesta responsable y medidas concretas. La fiscalización y la transparencia no admiten exigencias de silencio ni sustituciones sin garantías de independencia.

España se encuentra en una encrucijada fiscal señalada por datos y por autoridades técnicas. La política no puede refugiarse en eufemismos ni en apelaciones a la discreción cuando la evidencia técnica dibuja, con nitidez, el contorno de un problema que afecta a la solvencia pública y a nuestra credibilidad ante Bruselas.