Mensajes que contradicen la memoria oficial

La política pública exige transparencia, coherencia y responsabilidad. Hace diez días, en la sala del Tribunal Supremo, Francina Armengol afirmó: «Al parecer, me envié algún mensaje, no lo recuerdo ni tengo constancia de ello». Palabras medidas, escritas y amparadas por la fórmula procesal que permite testificar por escrito. Pero la Guardia Civil, a través del informe de la UCO remitido a la Audiencia Nacional, presenta una realidad documental que no se doblega a la cómoda niebla del olvido.

El informe identifica 65 mensajes de texto intercambiados entre Armengol y Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos. El primer mensaje localizado es una presentación el 25 de abril de 2020: García escribe para identificarse y pedir llamada. Al día siguiente ella pregunta por mascarillas infantiles y recibe un rápido «te lo arreglo». En julio, en pleno verano pandémico, ella escribe «¿puedes hablar?» y el asesor responde afirmativamente. En octubre solicita «puedes hablar a primera hora de la mañana» y una hora después remite una propuesta de controles sanitarios en puertos y aeropuertos. Incluso consta la coordinación para una videollamada cuando Ábalos iba a estar en Ibiza. Son hechos: fechas, mensajes, respuestas.

No se trata de matices retóricos sino de apellidos, pantallas y registros. Armengol ha utilizado su condición de presidenta autonómica en aquel tiempo para testificar por escrito, evitando el interrogatorio oral. La ley lo permite, el tribunal lo ha admitido; pero el contraste entre la narrativa pública y el contenido del informe deja una pregunta inquietante: ¿cómo conciliar la afirmación de ausencia de recuerdo con una cadena de comunicaciones que abarca meses y toca asuntos concretos?

La política no puede convertirse en refugio del equívoco ni en ejercicio de amnesia convenida. Cuando existen comunicaciones registradas, cuando se intercambian datos de contacto de responsables sanitarios y se solicitan reuniones concretas, la sociedad tiene derecho a una explicación nítida que no se disuelva en fórmulas procesales. No es obstáculo la formalidad del acto jurídico, sino deber republicano dar respuestas plenas ante hechos documentados.

Los ciudadanos miran con exigencia. La convivencia democrática se sostiene sobre la congruencia entre lo que se declara y lo que prueban los documentos. Si la distancia entre palabra y archivo es grande, la democracia pierde pulso y la confianza se resiente. No hay privilegio legal que deba confundirse con impunidad política. Los hechos, cuando están escritos y fechados, reclaman ser enfrentados con claridad y lealtad al interés público.