Mantener la comisión sobre Les Naus: obligación de fiscalizar, no gesto simbólico

La palabra continuidad no puede ser un eufemismo para la indefinición. El PP de Alicante ha anunciado que la comisión de fiscalización sobre las viviendas de protección pública promovidas por la cooperativa Residencial Les Naus mantendrá su funcionamiento, y ya ha programado dos sesiones para el 11 y el 22 de mayo. Pero sobre la mesa pesa un informe jurídico de la Secretaría General, fechado el 31 de marzo, que restringe el alcance de las comparecencias: solo pueden emplazarse funcionarios municipales que hayan intervenido en los expedientes relacionados con la promoción.

Ese dictamen convierte la convocatoria en voluntaria para concejales, exediles, técnicos y terceros ajenos al Ayuntamiento. El presidente de la comisión y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar (PP), lo ha resumido con una frase tajante: "Comparecerá quien lo estime oportuno". Palabras cortas, contundentes; pero ¿bastan cuando la transparencia exige explicaciones públicas y completas?

La comisión no se cierra, dicen. No se cancela, insisten. Pero el alcance limitado que marca el informe condiciona quién puede ser llamado a dar cuentas: al margen quedan concejales y cargos que las formaciones de la oposición —PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem— habían propuesto citar para esclarecer la tramitación de la subasta del solar municipal entre 2018 y 2022 y otros pormenores del proceso.

Entre los llamados se incluyen exalcaldes y exediles de distintas etapas: Gabriel Echávarri, Sofía Morales, Natxo Bellido, Carlos Castillo, María Dolores Padilla, así como la actual concejala Mari Carmen de España en su etapa anterior. Hasta ahora, solo Bellido y Castillo habrían mostrado disposición a comparecer si sus agendas se lo permiten. También figura, en la lista de los grupos municipales, la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez‑Hickman, quien ya ha comunicado por escrito que no acudirá, amparándose en el carácter voluntario de las citaciones.

Además, los grupos opositores querían traer a técnicos del Patronato de Vivienda, al interventor y al secretario municipal, a responsables del informe policial sobre ocupaciones en el residencial, al administrador único de la cooperativa, a representantes de Provia y a cargos como el alcalde Luis Barcala, el expresidente del Consell Carlos Mazón o la consellera Susana Camarero. Que algunos de ellos o de otras personalidades acudan depende ahora de la voluntad individual y del alcance legal marcado por el informe.

No es menor el contexto: además de la investigación municipal, existe otra comisión en Les Corts Valencianes sobre los mismos hechos y hay un procedimiento judicial abierto en la Sección de Instrucción número 5 del Juzgado de Primera Instancia de Alicante. Villar ha señalado que ese proceso judicial es "la base fundamental" para esclarecer lo sucedido en la promoción de Les Naus. Pero la coexistencia de vías judiciales y políticas no exime a las instituciones locales de ejercer su labor de fiscalización con rigor y con la máxima claridad.

La comisión sigue viva sobre el papel. La verdadera prueba será si la actividad programada produce comparecencias reales y respuestas que satisfagan el derecho de los ciudadanos a conocer, sin ambages, cómo se gestionaron parcelas municipales, subastas y promociones de VPP. Si las comparecencias quedan en mera declaración de intenciones o en ausencias avaladas por la voluntariedad, ¿habremos asistido a un teatro de control o a un verdadero ejercicio de responsabilidad pública?