Los barones del PP reclaman liderazgo frente a la tutela de Génova

Que la política española se juegue en Madrid es una tentación fácil, un canto constante a la uniformidad. Pero la reciente pulsación política en Aragón, Castilla y León y Extremadura demuestra que las cosas, a veces, reclaman un mapa distinto: el mapa autonómico.

Los barones del PP —Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco y María Guardiola— han dejado claro, según EL MUNDO, que no aceptarán que las negociaciones con Vox se conviertan en un asunto dirigido desde Génova. No piden la clausura de la interlocución nacional; exigen, simplemente, que sean ellos quienes lideren las conversaciones concretas sobre las políticas de sus comunidades. Liderar, no ser meros figurantes.

La experiencia y la prudencia les enseñan que las prioridades nacionales de un partido no siempre encajan con las exigencias y certezas que necesitan los ciudadanos en Castilla y León, Aragón o Extremadura. En palabras no literales que aparecen en la crónica, en algunos territorios G�nova puede ser útil, accesoria incluso; pero no imprescindible. Y cuando se negocian medidas que afectan a servicios y competencias autonómicas, el que debe marcar el paso es quien gobierna (o aspira a gobernar) en la comunidad.

No es una renuncia a la coherencia del PP; es una reivindicación de la autonomía de decisión. El documento marco del partido para pactos con Vox, elaborado por la dirección nacional, certifica ese intento de coordinar desde arriba. Pero los barones, con razones distintas y convergentes, optan por la descentralización práctica: mesas asimétricas, acuerdos a la carta, cesiones medibles en cada territorio y, sobre todo, la exigencia de que Vox responda primero a las propuestas regionales.

El relato del 15 de marzo en Valladolid, recogido por EL MUNDO, da pistas de por qué se teme la nacionalización. La mecánica interna de Vox —la dependencia de la dirección nacional para validar iniciativas locales— obliga a los interlocutores regionales del PP a reclamar claridad. Si la interlocución fuera exclusivamente vertical, los acuerdos correrían el riesgo de ajustarse más a líneas nacionales que a soluciones concretas para las comunidades.

Así, Azcón, Mañueco y Guardiola trazan una estrategia que combina firmeza y pragmatismo: enviar documentos con principios y medidas, esperar a que Vox mueva ficha, y negociar cuando haya respuesta. En Extremadura, según las fuentes, la entrada de Vox en el Gobierno no se considera un obstáculo; en Castilla y León se subraya que quien lidera los temas concretos es el presidente regional. En Aragón, la negociación será pilotada por el presidente autonómico y se aguarda la contestación de Vox al documento remitido.

No es un rechazo frontal a la coordinación nacional, sino una reclamación de jerarquía política real: las políticas regionales mandan cuando de lo que se trata es de gobernar comunidades. Es también un aviso a quienes creen que todo se decide desde la sede central: cada territorio tiene su propio mandato electoral, su propio calendario y su propia responsabilidad ante los ciudadanos.

Queda por ver si Vox responde con igual voluntad de concreción y si la dirección nacional acepta que, en la práctica, las cesiones se negocien y se interpreten comunidad a comunidad. La política, finalmente, no admite plantillas únicas cuando los problemas exigen soluciones localizadas. Y en eso insisten los barones del PP: en gobernar primero para sus territorios, y en negociar después con la legitimidad que les da el voto regional.