Les Naus: la podredumbre que se coló en la vivienda pública

El escándalo de Les Naus no es un accidente aislado; es la radiografía de un sistema público expuesto a la captura por intereses personales y corporativos. Que 15 personas hayan sido citadas como investigadas por la jueza Amparo Rubio —entre ellas ex cargos municipales, técnicos, un funcionario autonómico, el promotor y varios adjudicatarios— obliga a una mirada severa y sin complacencias sobre cómo se gestionan los recursos públicos destinados a vivienda protegida.

La primera reacción fue la política: dimisiones y cambios normativos. Pero las dimisiones no bastan cuando aparecen datos que apuntan a solapamientos intolerables: la ex concejala de Urbanismo Rocío Gómez, vinculada a uno de los pisos, y el arquitecto municipal Francisco Nieto, implicado en la tramitación y también beneficiario, ponen de manifiesto un problema elemental de conflicto de intereses. El informe municipal exculpó a algunas personas por no haber firmado expedientes; el papel, sin embargo, no sustituye la responsabilidad ética ni despeja la sombra de la opacidad.

La pesquisa también alcanza a quien debía ser garante en la Generalitat Valenciana: Roberto Palencia, jefe de la sección de Vivienda Protegida, visó y aprobó 140 expedientes y luego reconoció que una de las favorecidas era su mujer. La Generalitat lo suspendió, lo readmitió parcialmente con la apertura del procedimiento penal y hoy la justicia debe dirimir si lo administrativo fue también negligente o corrupto. La presencia de Elsa Lloret —arquitecta municipal y beneficiaria cuyo expediente validó su marido— confirma que las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujaron hasta hacerse indistinguibles.

No se trata solo de nombres y cargos: es la mecánica que permitió adjudicaciones presuntamente favorecidas. La cooperativa promotora, gestionada por Fraorgi, y su administrador único, Francisco Ordiñana, vendieron viviendas sobre suelo municipal adquirido por 6,6 millones de euros. Según una acusación popular, la adjudicación por “riguroso orden de inscripción” en la cooperativa terminó beneficiando en la práctica a quienes conocían de antemano el momento del proceso. La cooperativa llegó a tener 2.000 personas en lista de espera; la lógica del secretismo y la asimetría de información resulta entonces inaceptable.

Los informes de la Consejería de Vivienda detectan además falta de justificación documental de ingresos y ocultación de rentas familiares: expedientes que no aportaron datos del cónyuge, ingresos percibidos en el extranjero no declarados y límites de renta que fueron rebasados en apariencia por algunos adjudicatarios. Es la otra cara del escándalo: la erosión de la equidad en el acceso a una política pública esencial.

Exigir explicaciones y responsabilidades no es pulsión partidista; es defensa del interés general. El caso Les Naus reclama medidas claras: depuración judicial cuando proceda, revisión administrativa con transparencia real —no cosmética— y procedimientos que blind en contra del amiguismo y del conocimiento privilegiado. Si el objetivo declarado de la vivienda protegida es dar respuesta a necesidades sociales, cualquier sombra de privilegio la traiciona.

La ciudadanía merece no solo titulares y dimisiones, sino garantías efectivas de que lo público no será moneda de cambio. La justicia debe actuar con rapidez y rigor; las administraciones, con humildad y voluntad de reforma. Y todos, sin excepción, hemos de recordar que la protección y el buen uso del patrimonio público son prueba de madurez democrática; fallar en ello es fallar a la propia comunidad.