Lealtad con condiciones: España reafirma su alianza sin renunciar a la soberanía

La defensa de la patria exige, en momentos de tensión internacional, claridad de criterio y firmeza en la línea de actuación. Margarita Robles ha hablado con esa mezcla de autoridad institucional y marca política que corresponde a quien custodia las Fuerzas Armadas: el veto decidido por el Gobierno al uso de las bases de Rota y Morón «se refiere exclusivamente a vuelos hacia Irán en operaciones de ataque». No más, no menos.

No se trata de ruptura alguna del vínculo atlántico, repite la ministra, sino de una posición que pretende preservar el compromiso con la OTAN y, al mismo tiempo, blindar el respeto al derecho internacional y a la paz. El veto existe desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, y, según Robles, «no se ha modificado ni un milímetro». La frase no es retórica ocasional: pretende disipar dudas sobre una decisión deliberada y establecida en el tiempo.

Que el Gobierno mantenga abiertas las instalaciones y que «están ahí y seguirán» no impide que marque límites. Esa combinación —aliado fiable pero soberano en sus decisiones— es la que propone la titular de Defensa: compromiso con el multilateralismo y con el ordenamiento jurídico internacional, y rechazo a que terceros —dijo expresamente EEUU e Israel— decidan por todos qué reglas han de regir la paz.

La comparecencia en la Comisión dejó, además, la tensión política interna que es habitual en estos episodios. PP y Vox han criticado al Ejecutivo por un uso que tildan de «populista» del «no a la guerra» y por adoptar decisiones militares —aumento del gasto, despliegues, el envío de la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo Oriental— que, sostienen, habrían requerido el aval del Congreso. Robles evitó envestir la acusación parlamentaria con una réplica técnica: recordó que la fragata ya estaba integrada en una misión con el portaaviones francés Charles de Gaulle y que, además, Francia solicitó que la unidad española permaneciera junto al grupo naval en el nuevo destino.

El detalle operativo no es menor: la Cristóbal Colón será sustituida el día 7 por la Méndez Núñez, circunstancia que la ministra citó para subrayar la continuidad de las obligaciones internacionales que asume España en el marco de misiones colectivas. En este cruce de hechos, la decisión del Ejecutivo emerge como una política calculada: mantener compromisos, pero no sin límites que, en su criterio, emanan del respeto al derecho internacional.

Queda el debate político: ¿es soberanía responsable o demagogia? Esa pregunta la formularon ya PP y Vox; la respuesta, por ahora, la ha dado el Gobierno con hechos concretos y una retórica de firmeza. España reclama ser aliada, pero no subordinada. Esa es la línea que Robles ha trazado: seguir siendo «un aliado fiable y responsable», sin ceder la potestad de definir hasta dónde llegan sus bases y sus fuerzas cuando se trata de operaciones de ataque contra terceros estados.