Las investigaciones que apuntalan la imputación contra Begoña Gómez

La política no se hace en la penumbra del rumor: se hace con testigos, documentos y juramentos. Y en el caso de la cátedra de Transformación Social Corporativa, las comisiones de investigación del Senado y de la Asamblea de Madrid han dejado constancia documental que el juez instructor ha considerado digna de incorporarse al sumario.

Así figura en el 'Tomo IXXX' del procedimiento instruido por el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, cuyo titular, Juan Carlos Peinado, ha integrado transcripciones de comparecencias parlamentarias como "documentación probatoria administrativa". No son sospechas veladas: son declaraciones públicas, bajo juramento, que el magistrado ha utilizado para contrastar versiones y detectar contradicciones sobre la gestión de la cátedra codirigida por Begoña Gómez.

Las fechas y los nombres aparecen con nitidez. El 13 de noviembre de 2024, ante la Asamblea, compareció el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache Goñi, quien reconoció haberse desplazado en julio de 2020 al Palacio de la Moncloa para reunirse con Gómez tras una llamada de su secretaria. En la misma sesión, la interventora de la UCM declaró que determinadas contrataciones vinculadas al software de la cátedra eran "nulas de pleno derecho" por haberse omitido la fiscalización previa obligatoria en contratos que superaban los umbrales legales.

Los interrogatorios avanzaron: el 12 de febrero de 2025 prestaron declaración directivos implicados en el proyecto. Testimonios como el de Isabel García-Lomas Drake (Grupo Barrabés) situaron a la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez, actuando de facto como secretaria de la investigada y participando en reuniones; responsables de empresas tecnológicas detallaron aportaciones y pagos, como el abono de 24.200 euros por trabajos en la plataforma, y confirmaron la participación directa de Gómez en reuniones técnicas de seguimiento.

En la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo', el 5 de junio de 2024, la exdirectora de Wakalua, Leticia Lauffer, reconoció encuentros con Gómez y con Javier Hidalgo (Globalia), aunque negó que la entidad se creara exclusivamente para acercarse a la esposa del presidente. Y en comparecencias posteriores en el Senado, se ha interrogado incluso al ministro Félix Bolaños sobre la gestión de patrocinios a través de cuentas institucionales vinculadas a la asesora citada.

Del sumario emerge una acusación formada: el juez dictó auto el 22 de abril por el que decide someter a juicio por jurado a Begoña Gómez, a su asesora en La Moncloa, María Cristina, y al empresario Juan Carlos Barrabés, atribuyéndoles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El apuntalamiento definitivo, según los autos, vino del testimonio judicial del exvicerrector Juan Carlos Doadrio, que atribuye al rector la frase: "Tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente".

No se trata de un ejercicio retórico: son diligencias, transcripciones y autos que han entrado en el procedimiento. La política reclama explicaciones claras y procesos transparentes; la justicia, por su parte, ha incorporado al sumario las evidencias públicas que las comisiones parlamentarias han aportado. Que la investigación siga su curso y que los hechos se esclarezcan en sede judicial será la prueba de fuego de la credibilidad de las instituciones involucradas.