La violencia vicaria que desgarra: cuando el arma es la propia descendencia

Hay hechos que desnudan a una sociedad. El testimonio de la detective Amanda Souza, agente de la Policía Civil de Belén, es uno de esos hechos: rompió una relación en diciembre de 2022 por celos enfermizos y, el 10 de julio de 2023, recibió la llamada que ninguna madre quisiera oír: su expareja le anunció que había matado a sus dos hijos, de 9 y 12 años.

No es una tragedia aislada ni un arrebato incomprensible. Lo que sufrió Souza tiene nombre técnico: violencia vicaria, la estrategia deliberada del agresor que ataca a los hijos o a familiares cercanos para infligir el máximo sufrimiento emocional a la pareja. Souza, que en el momento del doble homicidio trabajaba en la Comisaría Especializada de la Mujer (Deam) de Cametá, lo explica con una claridad que hiela: al matar a los niños, el culpable busca humillar, someter y destruir a la madre en vida.

En febrero, otro hecho terrible volvió a poner el foco: en Itumbiara, Goiás, el secretario de gobierno del municipio, Thales Machado, disparó contra sus dos hijos y luego se quitó la vida. Uno de los niños, de 12 años, murió antes de que llegaran los servicios de emergencia; el menor, de 8 años, falleció horas después en el hospital. La escena es la misma, la intención parece idéntica: imponer la voluntad del agresor mediante el daño irreparable.

Lo que enfurece aún más a Souza —y debería inquietar a cualquiera con sentido común— no es solo la crueldad del acto, sino la respuesta pública en redes sociales: muchos comentarios culpaban a la madre, atribuyendo los crímenes a una supuesta traición en su conducta. Comentarios que, según la detective, incluso provenían de otras mujeres. ¿Cómo se explica que en un país que registró un número récord de feminicidios en 2025 (1.518 casos) la primera reacción de tantos sea señalar a la víctima en lugar de repudiar al homicida?

Esa reacción visceral y acusatoria es una prueba palpable del arraigo del patriarcado: como si la supuesta infidelidad de una mujer tiviera el poder de legitimar que un hombre quite la vida a sus propios hijos. Souza lo denuncia sin ambages: es una falta de humanidad y compasión, una manera grotesca de minimizar la responsabilidad del agresor.

La historia personal de Souza añade otra lectura indispensable: durante años sufrió control sutilizado como “cuidado”, vigilancia convertida en prisión emocional, videollamadas para comprobar dónde estaba, exigencia de contactos. Señales que se hacen visibles cuando la mujer cambia de entorno y ya no tiene el amparo inmediato de su familia. Señales que preceden, con demasiada frecuencia, la escalada fatal.

Ella ha elegido contar su dolor públicamente para ayudar a otras mujeres atrapadas en relaciones abusivas. Esa decisión debería mover a la reflexión: ¿seguiremos culpando a las víctimas, relativizando al agresor, o nos plantaremos frente a una cultura que normaliza el control y la violencia? No hay neutralidad moral cuando el silencio sirve de cómplice.

La lección es dura y urgente: reconocer la violencia vicaria, proteger a las víctimas, desmontar los relatos que culpabilizan a las mujeres y exigir políticas y conciencia social que impidan que la venganza del agresor se cobre vidas inocentes. Porque no hay explicación ni justificación que sostenga estas barbaries; solo la obligación colectiva de ponerles freno.