La verdad que emerge entre coartadas y presiones

La sala de audiencias de Cagliari ha escuchado estas semanas lo que la letra fría de los informes ya venía apuntando: que los relatos de los niños no han sido constantes ni inmunes a la influencia de los adultos que les rodean.

Una psicóloga que atendió a Daniel entre 2021 y 2022 declaró que el menor admitió en junio de 2022 haber mentido y que su madre le pedía que acusara a su padre. Esa misma profesional, y la que atendía a Gabriel, dijeron no haber observado signos de abuso durante los años en que siguieron a ambos niños, hasta que el 24 de mayo de 2022 ambos chicos relataron a sus terapeutas que su padre les pegaba.

Es relevante la cronología: según las peritas, la alusión a los golpes surgió tras una visita de Juana Rivas a Carloforte. Días después, Daniel confesó a su psicóloga que se sentía mal porque había dicho una mentira instado por su madre. La trabajadora social que visita el hogar de Francesco Arcuri desde 2019 ha relatado asimismo que Gabriel admitió en 2019 que su padre nunca le pegó, pese a haber escrito denuncias sobre supuestas agresiones.

Los registros civiles italianos, que otorgaron la custodia a Arcuri, y las declaraciones de la trabajadora social han servido para contrapesar las pruebas aportadas por Rivas, que incluye fotografías de hematomas y testigos circunstanciales. La investigación fiscal ha solicitado el procesamiento del padre por cuatro presuntos episodios ocurridos entre 2019 y 2020; la acusación ha reunido también testimonios que pretenden dibujar al progenitor como una persona agresiva.

No puede obviarse otra pieza del rompecabezas: la tensión familiar que se prolongó en el tiempo, con denuncias reiteradas de la madre en Italia y el propio episodio de primavera de 2022 en el que Arcuri, según su versión, dio una bofetada al hijo de 16 años —un hecho que él ha calificado como el único de su vida— y que precipitaría la marcha del joven a España con su madre.

Lo que sale a la luz en las declaraciones periciales es, en palabras de la psicóloga de Daniel, la confusión del menor: "a veces parecía que el niño no tenía claro qué era verdad y qué no". Es esa confusión la que obliga a la Justicia a escrutar con rigor las piezas, a no dejarse arrastrar por imágenes aparentemente concluyentes ni por relatos reconstruidos por la presión de terceros.

Si la función de los tribunales es separar el hecho de la fábula, el caso que se dilucida ahora exige contención y método: constatar si hubo coacción para fabricar testimonios, valorar la credibilidad de los menores y sopesar las pruebas médicas y documentales frente a la narrativa pública. La protección de los niños debe ser prioritaria, pero también lo es la búsqueda de la verdad y la defensa de quien, por sentencia civil, tenía atribuida la custodia.

No se trata de decretar inocencias o culpas desde la tribuna mediática, sino de exigir al proceso completo que clarifique quiénes fueron víctimas y quiénes, en su afán, pudieron convertir a sus hijos en actores de una acusación que, según peritos y profesionales, no siempre se correspondía con la realidad observada.

La historia que ahora juzga Cagliari no admite atajos ni consignas ideológicas: exige evidencias y sentido común. Y mientras la verdad no esté probada, la patria del derecho y la protección de la infancia debe permanecer firme, vigilante y ajena a la precipitación de los afectos y las lealtades familiares.