La tradición que excluye: Sagunto frente al espejo de la igualdad

En la Ermita de la Sangre, en Sagunto, se repite un ritual de agravios: otro Martes Santo en que las mujeres miran tras las vallas mientras los hombres procesionan. No es sólo una tradición incómoda; es una exclusión persistente que ha resistido la pedagogía y el tiempo. Cinco años de concentraciones, reclamaciones que nacen en 1999 y tres negativas recientes en las urnas internas de la Cofradía —267 votos en contra y 114 a favor— dibujan una realidad que interpela a la justicia y a las instituciones.

Que la democracia local permita que estatutos que reservan la hermandad «a varones bautizados» sigan vigentes sin consecuencias es una anomalía que necesita respuesta. El colectivo Semana Santa Inclusiva ha preferido agotar la vía de la persuasión; ha pedido diálogo, ha ofrecido colaboración observando que son ellas las que arreglan balcones, asean la ermita y sostienen la fiesta con su trabajo. La respuesta ha sido, según sus testimonios, «comentarios hirientes y dolorosos», insultos y el cierre de puertas bajo la excusa de una tradición mal entendida.

Ante la cerrazón de la Cofradía, la respuesta pública no ha sido unilateral. El Gobierno ha tomado medidas que empujan la situación hacia el terreno del derecho: el Ministerio de Igualdad ha trasladado la denuncia a la Fiscalía y el de Industria y Turismo ha abierto expediente para revisar el reconocimiento de la fiesta como de Interés Turístico Nacional por incumplir el requisito de «participación ciudadana» si deja fuera a la mitad de la población. No se trata de una intervención caprichosa, sino de aplicar el principio elemental de que una fiesta que presume de representación ciudadana no puede excluir sistemáticamente a las mujeres.

El trayecto, previsiblemente, será judicial. El colectivo confía en que el Derecho les reconozca lo que la asamblea de cofrades les niega. El Tribunal Constitucional, según recuerda la misma información, se ha pronunciado en materia de inclusión y existe jurisprudencia que avala la apertura. También se revisará si los estatutos están inscritos en el Registro de Entidades Religiosas; si no lo están, su validez quedaría en cuestión, según las explicaciones del Gobierno.

Mientras se despliegan consultas y expedientes, la pugna se filtra en la gestión municipal. El Ayuntamiento de Sagunto, en coalición con el socialista Darío Moreno, mantiene la colaboración con la fiesta pese a la amenaza de sus socios de Esquerra Unida-Unides Podem de retener pagos. Las facturas —dos importes de 5.000 euros— han sido abonadas por ahora. Es un recordatorio de que las consecuencias políticas de la exclusión todavía se debaten y que las decisiones de las instituciones locales tendrán que ponderar el interés público frente a la preservación de un statu quo excluyente.

La escena es clara: mujeres que piden ser cofrades en pie de igualdad; una cofradía que persiste en un estatuto excluyente; autoridades que invocan la fiscalización y la norma. No hay heroísmo vacío ni aplausos fingidos: hay ciudadanos que exigen coherencia entre una fiesta que aspira a ser patrimonial y los principios de igualdad que rigen nuestra convivencia. Si la tradición se sostiene sobre la negación de derechos, entonces la tradición se ha transformado en obstáculo y debe ser revisada por la ley y por la conciencia colectiva.

Sagunto ha abierto un pulso que no es sólo local: es la prueba tangible de que la participación ciudadana exige inclusión real y que las instituciones, cuando actúan, deben hacerlo para garantizar derechos, no para preservar exclusiones. Que la justicia y la administración avancen será, en definitiva, la manera de saber si la comunidad elige progresar hacia una Semana Santa que represente a todos o si prefiere quedarse mirando desde la barrera.