La tormenta exige responsabilidad: Tenerife en rojo y la movilidad, bajo veto prudente

La naturaleza no negocia y la administración tampoco puede permitirse el lujo de la sorpresa. La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso de nivel rojo por lluvias muy fuertes en el entorno metropolitano de Santa Cruz de Tenerife. Esa palabra —rojo— no es un adorno periodístico: anuncia peligro extraordinario y exige respuesta inmediata.

El Gobierno de Canarias ha respondido elevando a emergencia de nivel autonómico la situación en Tenerife, manteniendo a Gran Canaria en el mismo nivel y situando a El Hierro, La Palma y La Gomera en alerta. Cuando una comunidad encadena advertencias y decretos, no estamos ante una serie de gestos administrativos: estamos ante la puesta en marcha de todos los dispositivos de protección civil.

Protección Civil hizo llegar a los móviles de la población un ES-Alert con instrucciones puntuales y urgentes: evitar cualquier desplazamiento no esencial; extremar la precaución si se circula; no cruzar zonas inundadas, barrancos, pasos subterráneos o garajes; alejarse de cauces y dirigirse a zonas altas si se está en área de riesgo. Recomendaciones sencillas, pero con consecuencias vitales si se ignoran.

El Cabildo de Tenerife ha decretado la alerta máxima en el área metropolitana, cerrando accesos a espacios singulares y suspendiendo actividades públicas: carreteras de acceso a Punta de Teno y vías al Parque Nacional del Teide quedan cerradas, se prohíbe el acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y espacios protegidos, y se suspenden actos culturales y deportivos. Medidas drásticas, tomadas con la lógica de quien prioriza vidas y bienes.

En el frente operativos, la Delegación del Gobierno ha activado a la Unidad Militar de Emergencias en el norte de Tenerife, tal y como informó el ministro de Política Territorial. Y en Gran Canaria, efectivos de la UME ya realizan trabajos de achique con autobombas. No es para dramatizar: es para mostrar que el Estado y la comunidad autónoma han movilizado recursos materiales y humanos donde la situación lo requiere.

En la tormenta no caben los triunfalismos ni la indiferencia. Permanecer informado por canales oficiales y atender las indicaciones del 112 Canarias es una obligación cívica. La recomendación de limitar la movilidad no es una sugerencia administrativa, es una medida de prudencia que puede marcar la diferencia entre daños contenidos y tragedia evitada.

Quien viva en las islas, quien transite por ellas en estas horas, debe entenderlo con claridad: la prioridad es la seguridad colectiva. La meteorología manda; el deber de los ciudadanos y de las administraciones es obedecer y actuar con sentido común y diligencia.