La seguridad electoral no admite precipitaciones: la JEC suspende el DNI digital ante la alarma pública

La política, como la historia, exige medidas firmes y cautela cuando se juega con la confianza colectiva. Esa prudencia ha ejercido hoy la Junta Electoral Central al suspender, de forma temporal, el uso de las versiones digitales del DNI y del carné de conducir para la identificación en las mesas electorales, tras una reclamación presentada por el Partido Popular.

La resolución es concreta: no se admitirá ese sistema de identificación hasta que “se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente seguro”. El PP había invocado “dudas y alarma social” tras conocerse que, en la versión del DNI digital recientemente estrenada, no era necesario verificar la identidad mediante un código QR actualizado, ese elemento que algunos señalan como garante de autenticidad.

No es un detalle menor: el DNI digital adquirirá plena validez en España el próximo 2 de abril, otorgando a la ciudadanía el derecho a identificarse mediante ese método. Y la próxima cita con las urnas, las elecciones autonómicas de Andalucía, están previstas el 17 de mayo. La coincidencia temporal obliga a no dejar cabos sueltos.

La reclamación del PP pedía expresamente dejar de aceptar el DNI digital; no mencionaba la aplicación MiDGT —que desde 2023 también permite la identificación en las mesas— y que, según la información disponible, no dispone del mismo sistema de QR para verificar autenticidad. La decisión de la Junta afecta a ambos medios dependientes del Ministerio del Interior.

Las autoridades electorales han apuntado posibles soluciones técnicas: la implantación de la obligación de escanear en las mesas el código QR que permite acceder al DNI completo. Pero esa alternativa plantea una exigencia logística real: que los miembros de las mesas cuenten con dispositivos móviles capaces de leer esos códigos. En el caso de MiDGT, la respuesta técnica no es tan sencilla porque la aplicación carece de un sistema de autenticación equivalente.

Conviene recordar que, según fuentes de la propia Junta Electoral Central, en los tres años en que se permitió la identificación con el carné de conducir digital y en los seis meses de uso del DNI digital, no se han registrado denuncias ni casos detectados de suplantación masiva. Pese a ello, la Junta ha optado por la suspensión hasta que se disipen las dudas sobre garantías y verificaciones.

El Ministerio del Interior, por su parte, subraya la dificultad práctica de un fraude masivo: aun en el hipotético caso de una falsificación de imagen o simulación en la aplicación, se requieren muchos datos adicionales y circunstancias para consumar la suplantación, incluido conocer la mesa de votación y actuar antes de que el titular legítimo emita su voto. Además, la ley electoral —artículo 85 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General— fija los documentos válidos para acreditar la identidad y ofrece mecanismos para que la Mesa resuelva dudas, incluso con testimonios de electores presentes.

Política y procedimiento se cruzan aquí con el deber de preservar la tranquilidad ciudadana. El Partido Popular, secundando el discurso de una voz que puso la alarma en primer lugar, ha forzado una reacción administrativa que prioriza la seguridad percibida y la certidumbre técnica. La Junta, por su parte, responde desde su responsabilidad institucional: no normalizar lo que no se considera suficientemente garantizado en este momento.

Queda así abierta una tarea clara y urgente: blindar los mecanismos técnicos y formativos que permitan introducir con seguridad la modernización del documento de identidad. Modernizar no es improvisar; la digitalidad debe ir acompañada de protocolos y recursos en las mesas, y de respuestas técnicas que neutralicen dudas legítimas. Mientras no se cumpla, la decisión de la JEC persevera en la prudencia y en la defensa del principio elemental que sustenta el voto: su autenticidad y la confianza de la ciudadanía.