La red de influencias que perfila el Supremo: Ábalos y los puestos en empresas públicas

En la primera y segunda sesión del juicio del caso Mascarillas ante el Tribunal Supremo, dos testigos han puesto en primer plano la manera en que la política y la gestión pública se entrelazan hasta confundirse.

Jésica Rodríguez y Claudia Montes, esta última ex Miss Asturias, han declarado que sus colocaciones en empresas dependientes del Ministerio de Transportes se produjeron gracias a la intervención de José Luis Ábalos y, especialmente, por orden del entonces todopoderoso dirigente. Es un dato relevante: las propias protagonistas han señalado el nexo directo entre su situación laboral y la mediación política.

Montes relató que conoció a Ábalos en mayo de 2019 en un mitin en Gijón y que, en situación de desempleo y como madre soltera, recibió enlaces del exministro para solicitar empleo en Logirail. Su trayectoria en la empresa —de encargada de trenes turísticos a supervisora— y el hecho de que su ascenso se atribuyera a su esfuerzo no anulan la constatación procesal: ella misma admitió no querer ser falsa y reconoció que, por las pruebas del procedimiento, "algo han hecho José y Koldo".

La cadena de responsabilidades aparece con nombre propio. Claudia declaró que fue Koldo García quien le indicó que "era su jefe" por su condición de consejero en Renfe y quien la contactó para las entrevistas que permitieron su incorporación a Logirail. El ex presidente de Renfe, Isaías Taboas, corroboró que recibió el currículum de la amiga de Ábalos enviado por Koldo y que el trámite seguido fue remitirlo a Recursos Humanos para su valoración.

Los testimonios administrativos aportan más luz sobre las consecuencias internas. José Ángel Menéndez, ex director gerente de Logirail, dijo que propuso abrir un expediente disciplinario a Montes por ausencias, propuesta que motivó su cese y que le costó el puesto. Menéndez fue cesado y pasado a otro puesto sin responsabilidad sobre la afectada; con su sucesor, Óscar Gómez Barbero, el expediente no llegó a abrirse. Gómez Barbero defendió que se le cambió de ubicación y que acabó yendo a trabajar tras la mejora salarial y de condiciones.

Montes relató problemas en su puesto, que incluyeron asignaciones incómodas y falta de escritorio, y que dejó de trabajar cuando se encontraba de baja por acoso. Asimismo explicó que parte de su jornada consistía en acudir a la biblioteca de Oviedo a leer "libros de trenes" para formarse, y que fue despedida por burofax mientras estaba de baja.

El relato de la audiencia completó la radiografía: Ignacio Zaldívar, ex cargo de Adif, reconoció que Jésica Rodríguez fue asignada a encargos por sus contactos con el ministro. En suma, las primeras sesiones han producido declaraciones que, sin prejuzgar responsabilidades penales, dibujan un patrón de intermediación política con efectos reales en la contratación, ubicación y destino profesional de personas vinculadas al entorno del exministro.

El Tribunal Supremo ha escuchado con atención estas versiones, y el Ministerio Fiscal ha mostrado buenas sensaciones tras las comparecencias, frente al mal sabor de boca de las defensas. Los hechos expuestos —fechas de vinculación, envíos de currículum, propuestas de expediente y cambios de dirección— forman el esqueleto probatorio que se somete a la valoración judicial. Corresponde ahora al proceso determinar responsabilidades, pero lo declarado en sede penal ya coloca en el foco público la forma en que el poder político pudo haber incidido en la gestión de empresas públicas.