La red de acoso del régimen Ortega‑Murillo: una maquinaria que persigue fuera de sus fronteras

Un informe del Grupo de Expertos en derechos humanos de la ONU ha puesto sobre la mesa lo que muchos respirábamos a medias: la represión que sufrió Nicaragua en 2018 no se encerró dentro del país; se exportó. Lo que describe el documento es una arquitectura de control que funciona dentro y fuera del territorio nacional y que tiene nombre propio: DICIM, DID, Telcor, las fuerzas armadas, la policía, las misiones diplomáticas y, por supuesto, el partido gobernante, el FSLN.

No son rumores. El informe, publicado el 10 de marzo, documenta tácticas concretas: vigilancia en terreno, espionaje digital, hackeo de cuentas, interceptación de comunicaciones, campañas de difamación con granjas de trolls y redes de bots vinculadas a la Juventud Sandinista. Incluye además casos precisos, como la agresión sufrida por Kevin Solís, exlíder estudiantil, amenazado con un arma el 1 de noviembre de 2025 cerca de su casa en España.

Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos, lo resume con claridad: las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la persecución política “continúan” y “se han desplazado más allá de las fronteras” para silenciar a nicaragüenses en el exilio. No se trata solo de seguimiento: el informe apunta al uso de mecanismos internacionales para fines represivos, desde alertas rojas de Interpol hasta el reporte de pasaportes como supuestamente robados para entorpecer viajes.

Hay, además, una política de desnacionalización por la vía administrativa y judicial: eliminación de partidas de nacimiento, negación de pasaportes, privación de entrada. El objetivo, según el Grupo de Expertos, es claro y estratégico: silenciar a quienes desde el extranjero podrían ejercer oposición. El informe recuerda que casi un 12% de la población vive fuera de Nicaragua, y que ese colectivo constituye un reservorio de voces críticas que el régimen pretende neutralizar.

El estudio atribuye la toma de decisiones en los niveles más altos: la Sra. Rosario Murillo, el asesor presidencial en seguridad e inteligencia (quien ocupó el cargo hasta agosto de 2025), el viceministro del Interior y altos dirigentes del FSLN. Son, dice el informe, quienes determinan qué exiliados deben ser perseguidos, establecen “categorías de amenaza” y ordenan medidas concretas.

Las sedes diplomáticas también figuran en la radiografía: al menos cinco misiones albergarían personal de inteligencia militar, y la mayoría de los embajadores, añade el informe, actúan como secretarios políticos del Frente y reportan a la copresidenta. Esa red diplomática opera como un vector más de la represión fuera del país.

El informe documenta igualmente el uso de acusaciones falsas —de narcotráfico, lavado de dinero u otras— para activar advertencias en instituciones financieras y obstaculizar la vida de los exiliados. En suma: una estrategia integral que combina lo digital, lo jurídico, lo administrativo y lo físico para cercenar la disidencia.

La respuesta oficial consultada por BBC Mundo fue escueta: Rosario Murillo, contactada por correo, se limitó a decir “Gracias por su interés”. Frente a la gravedad de las conclusiones de la ONU, esa escueta réplica no desmonta la trama que el informe desmenuza con nombres de organismos, tácticas concretas y casos documentados. La denuncia internacional está hecha; corresponde ahora a la comunidad internacional y a los países de acogida atender sus implicaciones y a los nicaragüenses en el exilio recabar las pruebas que sostengan estas denuncias.