La puerta giratoria que puso en jaque la tutela de las renovables

La narración que aflora del último informe de UCOMA es algo más que un escándalo: es la confirmación de cómo se abrió, desde dentro, una puerta de acceso directo al corazón decisorio del Ministerio que debía tutelar las renovables.

Eugenio Domínguez, entonces subdirector de Evaluación Medioambiental, declaró ante la Guardia Civil que fue Antxon Alonso —socio de Santos Cerdán en Servinabar— quien le presentó al entorno de Forestalia. Un nexo venido del sector, mediado por Ignacio López Galiacho, que buscaba un claro objetivo: que los proyectos de Samper, ya consolidados en Aragón, encontraran respaldo cuando la autorización dependiera de Madrid.

Los hechos, tal cual constan en la diligencia, señalan un camino conocido: influencias regionales que chocan con el poder central y tratan de sortear ese choque mediante relaciones personales y operaciones societarias. Según la investigación, Roberto Pérez Águeda ofreció a Domínguez «arreglarle la jubilación» si aseguraba la salida adelante de determinados expedientes. La consecuencia, ya descrita en la instrucción, fue una deriva administrativa: permisos concedidos con excesiva celeridad y el acaparamiento por parte del subdirector de un volumen de expedientes que superaba con creces lo habitual.

No hay aquí metáforas que valgan contra lo que están apuntando los documentos: se constituyeron vehículos societarios —Caliope Smart Energy y Caliope Energy Greem— через los cuales, según la Guardia Civil, iban a canalizarse cinco millones de euros en cohecho. Esos instrumentos, formalizados en una notaría madrileña cuyo titular figura ahora imputado, terminaron con Domínguez y su esposa como titulares del capital que, según la acusación, encubría el soborno.

Y cuando llegó la edad de retiro, apareció un contrato que, en la práctica, camuflaba una continuidad remunerada: un nombramiento como asesor de libre designación que, según la propia narración del caso, debía servir para seguir «dando salida a proyectos». Domínguez ha reconocido ante UCOMA que cobró por detrás. No son conjeturas: son declaraciones firmadas y documentación administrativa que encuadran la acusación.

Tampoco puede soslayarse la presencia constante de quien ejercía responsabilidad superior en Calidad y Evaluación Medioambiental: Marta Gómez Palenque, hoy imputada en otro procedimiento. La investigación pública ha dejado sobre la mesa decisiones controvertidas y expedientes que, como el del fotovoltaico en Alcántara, generaron ya advertencias de la Fiscalía medioambiental por posible prevaricación.

Este caso, en su literalidad, plantea preguntas elementales para la salud institucional: ¿qué controles fallaron para que un subdirector acumulase tanto poder sobre autorizaciones millonarias? ¿Cómo se permitieron maniobras societarias que encubren transferencias vinculadas a decisiones administrativas? Y, por encima de todo, ¿qué garantías ofrece el actual marco para que el interés público no sea desplazado por redes privadas de influencia?

No se trata de epatar con consignas, sino de exigir claridad probatoria y responsabilidades. Los hechos, recogidos por la Guardia Civil y reflejados en la instrucción, requieren que la justicia actúe con la misma diligencia con la que se manipularon expedientes y voluntades. La defensa de lo público no admite zonas grises ni puertas giratorias: la transición ecológica, asunto de Estado, no puede ni debe convertirse en botín de intereses privados.