La promesa del campo chocó con la ley: la tuberculosis bovina que dejó a Vox en evidencia

Prometer estar "al lado del campo" no es lo mismo que diseñar políticas compatibles con la normativa europea y nacional. Esa es, en pocas palabras, la lección que deja la intentona de flexibilizar el saneamiento ganadero desde la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, entonces en manos de Vox.

El 15 de mayo de 2023 la Junta publicó una resolución que rebajaba criterios de los programas de control y erradicación de la tuberculosis bovina. La medida respondía a una reclamación real del sector ganadero salmantino: reducir las restricciones que afectan al movimiento y al valor comercial de los animales. Pero la respuesta de las instituciones superiores fue inmediata: el Ministerio de Agricultura dejó sin efecto la norma, interpuso un recurso ante la Justicia y, para proteger el estatus sanitario comunitario, limitó el movimiento de ganado en la comunidad.

Aquí no vale el romanticismo del "apoyo al agricultor" si el desarrollo normativo incumple reglas superiores. Dos semanas después de aquella resolución autonómica la paralización fue tan nítida que, como recuerdan ganaderos que vivieron esos días, "se paralizó todo, ventas y todo". El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acabó suspendiendo la aplicación de la orden de la Junta, devolviendo la normativa al punto de partida.

La realidad del campo es dura y concreta: en la zona oeste de Salamanca la prevalencia de tuberculosis es mayor, los controles son más frecuentes y un positivo arrastra la clasificación de núcleo infectado, restricciones durante dos años y la pérdida de valor de los animales, que sólo pueden venderse a cebaderos con menor precio. No hay aquí dogma ideológico que valga: los propios ganaderos dicen que no se oponen a los controles y que les interesa mantener un estatus sanitario fuerte porque incrementa el valor de sus reses.

Pero el caso también arroja una moraleja institucional: la capacidad de una comunidad autónoma para maniobrar está limitada por el ordenamiento nacional y europeo. Flexibilizar, sí; vulnerar, no. Los ganaderos reclaman adaptación y margen, piden que quienes tengan voz en Europa no "traguen con todo" y sean conscientes de la realidad del campo. Es legítimo, y es necesario, pero debe hacerse siempre dentro del marco legal que protege a la cabaña de toda España.

Ahora la normativa sigue en el mismo punto, los ganaderos siguen con sus miedos y su rutina, y a las puertas de próximas contiendas políticas vuelve a plantearse la pregunta: ¿habrá quien convierta el apoyo al campo en propuestas realistas y ajustadas a la ley, o seguirán predominando promesas que cuando se ejecutan revientan contra los procedimientos y el interés sanitario colectivo? El campo necesita soluciones serias, no ocurrencias que, aunque bienintencionadas, acaban volviéndose contra sus propios beneficiarios.