La podredumbre que alcanza al PSOE desde el Ministerio de Ribera

A finales de 2023, una felicitación pública en LinkedIn —"Gracias, Eugenio, por este casi año de enseñanza y trabajo", firmada por Marta Gómez Palenque— quedó congelada en la red como testigo involuntario de una época y de decisiones que ahora investigan la Justicia.

Eugenio Domínguez, técnico de carrera que ascendería en el Ministerio hasta subdirección en 2017 y que dejó el Ministerio cuando Gómez Palenque ya estaba llamada a ejercer la dirección general en 2022, ha terminado detenido por recibir sobornos, según la investigación de la Guardia Civil. Ambos, Domínguez y Gómez Palenque, aparecen además imputados en otra causa derivada de decisiones adoptadas en aquel tiempo. Son hechos que constan en diligencias y declaraciones públicas del propio investigado ante UCOMA.

El periodo en el que Domínguez y Gómez Palenque lideraron Calidad y Evaluación Ambiental fue, según las pesquisas, decisivo: no solo para sus trayectorias personales, sino para la tramitación masiva de proyectos renovables por toda España, especialmente en la llamada España vaciada. Proyectos que necesitaban el visto bueno ministerial y en los que se movieron inversiones públicas y privadas y fondos comunitarios.

La llegada de la etapa Sánchez y la reorientación hacia la transición ecológica dispararon la actividad: aquello que para gobiernos anteriores fue restrictivo se convirtió en una lluvia de proyectos y, con ella, en un terreno abonado para la presión empresarial. El propio Domínguez reconoció ante el UCOMA las presiones externas para acelerar expedientes y, según la Guardia Civil, admitió cómo Forestalia y el empresario Ignacio López‑Galiacho le ofrecieron ventajas personales a través de contactos como Antxon Alonso.

Antxon Alonso aparece en la trama como nexo con empresariado y operadores cercanos al PSOE; su nombre, junto al de Santos Cerdán, figuraba ya en listados de cargos de interés para actividades de grupo, según cruces documentales mencionados en la investigación. Domínguez ha relatado que trabajó "por las tardes" para determinados empresarios tras su jornada en el Ministerio; dijo también que le ofrecieron compensaciones vinculadas a su jubilación.

La causa se instruye en un juzgado de Teruel que ha venido siguiendo los hechos con diligencia, si bien el expediente podría trasladarse a Madrid por la relevancia ministerial alcanzada. Son procedimientos en marcha, basados en detenciones, imputaciones y confesiones ante la Guardia Civil; no hipótesis libres, sino pasos del aparato judicial que exigen respuestas claras.

Si la política pública de energías renovables merece aplauso por su ambición, la defensa del interés general reclama igual firmeza para separar lo legítimo de lo corrupto. Que la Justicia siga su curso es condición imprescindible; que los responsables institucionales rindan cuentas, también. Los hechos publicados por la investigación periodística y las diligencias policiales obligan a no mirar hacia otro lado.