La moral del excombatiente de la Transición: ni acusaciones rastreras ni memoria única

Hubo un tiempo en que llamar a la concordia no era gesto de cobardía sino acto de Estado. El relato de la Transición que ofrecen hoy quienes pretenden reducirla a un plan sistemático de eliminación política tropieza, en el terreno de los hechos, con la realidad procesal y personal que ha vivido el protagonista de este relato.

Fue en junio del año pasado cuando se difundió la decisión del Juzgado de Elda de citar como investigado al autor de estas páginas por la muerte de un manifestante en febrero de 1976. Aquella decisión —y la posterior información de que también declararía el policía implicado— sacudieron el discurso público: por primera vez, se decía, se investigaba a un responsable político por delitos de lesa humanidad en el periodo de la Transición. La respuesta fue la vía legal: recurso, apelación, y, el 5 de mayo pasado, la Audiencia de Alicante revocó la decisión de investigarle.

La Transición, conviene recordarlo sin mitificaciones y sin carencias de memoria, se construyó en consenso y con pasos difíciles. El episodio relatado con Santiago Carrillo —la invitación a un coloquio, la evocación de que el Partido Comunista reclamó la reconciliación y la libertad de actuación— no es atenuante retórico; es testimonio del empeño por hacer de España una democracia. Igual de significativo fue el hecho de que, siendo ministro del área correspondiente, firmase la legalización del PCE en el llamado Sábado Santo Rojo: gesto político que, sin ostentaciones heroicas, buscaba incorporar al comunismo a la normalidad democrática.

Frente a una narrativa que postula un "plan sistemático, generalizado y deliberado" para eliminar adversarios del régimen democrático, la respuesta judicial y testimonial ha sido contundente en su capacidad de matizar y desmentir. La llamada "querella argentina" —presentada en 2010 y conocida públicamente en 2014 con una orden de detención— atribuía a los Gobiernos de la Transición responsabilidades que, dice la cronología de los hechos, resultaron insostenibles ante el examen jurídico y probatorio. Aparecieron dudas procesales: de 2014 a 2020 permaneció imputado sin que se le tomara declaración pese a haberla solicitado en más de diez ocasiones; fue en 2017 cuando se revocó la orden de detención; en 2020 la decisión de posponer su declaración fue anulada y se le permitió declarar desde el Consulado en Madrid en septiembre de ese año.

Y hay más: testimonios relevantes acudieron a situar la realidad histórica en su contexto. Declararon expresidentes del Gobierno, ponentes constitucionales, líderes sindicales y primeros ministros extranjeros que afrontaron retos similares en la transición de regímenes autoritarios a democráticos. La Guardia Civil y la Policía, apuntan esos testimonios y la percepción pública, han alcanzado hoy una valoración alta en España.

La secuencia procesal prosiguió con altibajos: la jueza argentina le procesó en octubre de 2021; en diciembre de ese año la Audiencia revocó ese auto de procesamiento, que además imponía una sanción económica equivalente a diez millones de euros y relacionaba hechos de la Guerra Civil con responsabilidades personales que cronológicamente resultan inverosímiles. En 2022, el recurso contra la revocación del procesamiento no fue admitido a trámite por la Cámara Federal de Casación Penal. Finalmente, en España, las querellas que parten del mismo planteamiento de un plan deliberado y generalizado siguen siendo, en el mejor de los casos, una interpretación judicialmente controvertida.

Todo esto plantea una cuestión de fondo que no debe soslayarse: las leyes de memoria pueden y deben atender a la reparación de todas las víctimas y completar la acción de los gobiernos, pero ninguna ley ni querella puede imponer una memoria única que borre la complejidad de los hechos ni sustituya al cauce de la justicia. La Transición tiene luces y sombras; negarlo sería mezquindad, reducirla a un diorama criminal sería injusticia. Frente a la tentación de la acusación maximalista, la historia y los tribunales han ido poniendo en su sitio afirmaciones que pretendían transformar política en pecado judicial.

Quien sostuvo, en otro tiempo, que la prioridad era la democracia por encima de la forma dinástica del Estado, y quien firmó decisiones difíciles en nombre de la normalización política, merece que se le juzgue con el rigor de los hechos y la prudencia del tiempo histórico. No se trata de convertir a nadie en intocable; se trata de impedir que la voracidad de ciertas narrativas, sin base probatoria suficiente, destruya la posibilidad de una memoria plural y respetuosa con la verdad procesal.

La moral del excombatiente de la Transición —esa mezcla de orgullo por lo hecho y de paciencia ante las asperezas— sigue siendo hoy, por los hechos conocidos, una defensa ante la instrumentalización del pasado. No por épica, sino por fidelidad a lo real y a la justicia.