La ministra que evita la mesa: Sanidad y la huelga médica que golpea a las autonomías

La huelga de médicos entra en su segunda semana sin indicios de solución. Frente a una negociación incapaz de avanzar, el frente que pide diálogo se amplía: socios del Gobierno y comunidades autónomas han exigido con voz firme lo que ya es elemental en toda democracia responsable: sentarse a hablar.

El Ministerio que dirige Mónica García ha trazado su posición con tres pilares claros y repetidos: que la negociación del Estatuto Marco ha alcanzado "el límite de la legalidad"; que las comunidades, en el marco de sus competencias, pueden mejorar condiciones laborales por su cuenta; y que existe un espacio legítimo de interlocución, el Foro de la Profesión Médica. Esa es la exposición pública de la estrategia ministerial. En la otra orilla, el Comité de Huelga espera aún la llamada para negociar. No es un matiz: es la diferencia entre gestión y abandono del conflicto.

No son percepciones aisladas. PNV y Junts han lanzado advertencias en el Congreso y en la opinión pública: tan legítimo es el derecho a la huelga como la obligación de negociar. Consejeros autonómicos —desde Castilla‑La Mancha a Cantabria— han pedido a la ministra que ejerza "de ministra" y convoque reuniones oficiales con los comités. Incluso gobiernos de distinto signo político han impulsado peticiones formales al Ministerio para evitar la prolongación de los paros.

Y mientras se cruzan reproches, las cuentas van llegando desde las comunidades: la huelga ya ha forzado la suspensión masiva de consultas, intervenciones y pruebas diagnósticas. Datos aportados por las consejerías reflejan impactos concretos: decenas de miles de consultas y miles de pruebas e intervenciones suspendidas en Castilla y León; alrededor de 130.000 consultas externas y 6.000 cirugías aplazadas en la Comunidad de Madrid, con un impacto económico preliminar en millones; más de 50.000 actuaciones reprogramadas en Baleares; y cifras acumuladas en Andalucía con un coste económico elevado y cientos de miles de actos asistenciales perdidos desde el inicio de las protestas. Aragón advertía ya del coste semanal por cada semana de huelga. Son datos aportados por las propias administraciones autonómicas y hablan por sí mismos.

En el terreno del seguimiento, las cifras tampoco convergen: la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos estima un seguimiento elevado en hospitales y atención primaria en muchas comunidades, mientras que las consejerías dibujan una media sensiblemente inferior. Esa divergencia no mitiga el daño tangible: pacientes citados sin atención, listas de espera que amenazan con agravarse y administraciones que cargan con la factura económica.

El conflicto no es solo un choque de discursos; es una prueba de responsabilidad institucional. Cuando la política se desentiende del diálogo y delega la resolución al desgaste, los perjudicados son los pacientes y las arcas autonómicas. Las llamadas a negociar, procedentes incluso de socios de gobierno, no son capricho: son un recordatorio de la obligación de las instituciones de evitar el deterioro del servicio público.

Queda a la vista, pues, una encrucijada: insistir en la estrategia actual, apelando a espacios formales que, según el Ministerio, ya existen, o asumir la urgencia de abrir mesas de negociación claras y oficiales con los comités de huelga. A la espera de esa decisión, las consecuencias se contabilizan en consultas perdidas, quirófanos vacíos y millones que suman, entre hospitales y comunidades, un balance que exigirá explicaciones.

La política tiene en estos episodios la oportunidad de demostrar su centralidad en la resolución de problemas reales. Evitar el conflicto no debe ser signo de debilidad; dejar que el conflicto devore la atención sanitaria sí lo es. Quien quiera gobernar debe saber negociar; quien preside una cartera sensible debe, cuando las sirenas suenan, bajar al puesto de mando y atender al país que sufre. Los hechos divulgados por las comunidades y por los actores del proceso muestran ya el coste de no hacerlo.