La ministra aislada: el Estatuto Marco que agita a todo el sistema sanitario

La escena se repite con la gravedad de un ritual: una reunión convocada para armonizar, un documento que divide y una salida sin acuerdo. El segundo encuentro del Ministerio de Sanidad con las consejerías terminó, otra vez, sin pacto. Y la lectura es diáfana: la ministra se ha quedado sola, en palabras de los responsables autonómicos.

No es una discrepancia menor ni un malentendido administrativo. Dieciséis comunidades, tanto del PP como del PSOE —a excepción de Cataluña— suscribieron un manifiesto conjunto que reclamó reabrir un diálogo real y planteó medidas estructurales y sostenidas para afrontar el conflicto. El consejero vasco, portavoz de las firmantes, dejó claro que no se ha alcanzado acuerdo y que la ministra carece del respaldo de profesionales, sindicatos y comunidades.

Las palabras de la titular de Sanidad fueron igualmente contundentes: "no vamos a renunciar" a la tramitación del Estatuto Marco porque, sostuvo, sería devolver al cajón mejoras para los profesionales por primera vez en 23 años. Defendió además que su equipo ha "hecho los deberes" y recordó que el Estatuto ha sido objeto de 14 plenos del Interterritorial y dos reuniones de la comisión de Recursos Humanos en dos años. También subrayó que sigue abierta la fase de alegaciones y enmiendas hasta el 26 de junio.

El choque no es únicamente institucional. La reforma llega en medio de una conflictividad sostenida: los españoles sufren huelgas médicas prácticamente una semana al mes desde febrero y se añade el rechazo de la actividad asistencial extra en seis comunidades. Los sindicatos y el comité de huelga mantienen convocadas movilizaciones, y se ha producido además un cruce de cartas y reproches entre el Ministerio y los representantes del profesorado sanitario.

Las consecuencias políticas son claras: las comunidades acusaron a la ministra de haber perdido auctoritas y potestas dentro del Consejo Interterritorial. Desde Madrid, la consejería llegó a calificar la actuación de la titular como la de un "caballo de Troya" por entender que el texto está reventando el sistema y que el ministerio no ha querido coger la mano tendida por las autonomías.

Cataluña, por su parte, justificó públicamente no adherirse al manifiesto sin manifestar desacuerdo con el contenido del Estatuto, y expuso que comparte buena parte de las reflexiones del texto, aunque evita iniciativas que puedan profundizar la conflictividad.

Frente a ese frente autonómico y sindical, la ministra mantiene la tramitación y emplaza a la fase de audiencia pública como cauce para aportar alegaciones hasta el 26 de junio, antes del trámite parlamentario. La tensión, sin embargo, no se disipa: las comunidades piden medidas inmediatas y sostenidas y reclaman reabrir un proceso de diálogo real; los profesionales y sindicatos no han dejado de expresar su rechazo por cuestiones concretas del texto.

Estamos ante un punto de inflexión: la voluntad de tramitar un Estatuto que, según el Ministerio, incluye mejoras no vistas en dos décadas se topa con la falta de consenso necesario para pacificar un sistema que vive semanas de huelga al mes. La pregunta que queda en el aire y que exige respuesta es simple y urgente: ¿será capaz el Estado y las comunidades de reconducir este choque antes de que la conflictividad se institucionalice y deteriore aún más la atención sanitaria que reclaman los ciudadanos?