La luz verde justificada: La Balsa avanza entre control y corrección

La administración autonómica ha firmado hoy una decisión que no es caprichosa ni improvisada: la autorización administrativa previa y de construcción para la planta solar fotovoltaica “La Balsa”, con una potencia instalada de 840 kW en el término municipal de Jacarilla. No se trata de una licencia al vuelo, sino del cierre de un expediente que arrancó en diciembre de 2020 y que ha pasado por encrucijadas normativas, reformulaciones técnicas y hasta un desistimiento antes de volver a abrirse en 2021.

Quien lea la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante encontrará un procedimiento marcado por el contraste entre la urgencia normativa —la tramitación por el procedimiento de urgencia para proyectos menores de 10 MW— y la cuidada exigencia técnica: el expediente, pese a esa vía acelerada, se ha prolongado más de cinco años por cambios en el proyecto y en la normativa. No hay atajos administrativos sin control; hay, sí, adaptaciones y correcciones necesarias.

El proyecto no llegó intacto ni mostrando rigidez. Uno de los giros más relevantes fue la sustitución del planteamiento inicial —una instalación fotovoltaica flotante sobre una balsa— por un diseño sobre terreno no urbanizable. Ese cambio obligó a abrir un segundo periodo de información pública en 2026 y a repensar medidas de integración paisajística y protección ambiental. Que el proyecto haya recorrido esa senda demuestra que la tramitación ha sido, cuando menos, adaptable y exigente.

La ausencia de alegaciones en las dos fases de exposición pública, en 2023 y 2026, no es una nota al pie: es un dato poderoso. Particulares y entidades no presentaron reclamaciones, y los distintos organismos consultados emitieron informes favorables —entre ellos la Confederación Hidrográfica del Segura, la Dirección General de Urbanismo y el Ayuntamiento de Jacarilla— considerando compatible la instalación desde las perspectivas territorial, paisajística y de riesgos, siempre condicionadas al cumplimiento de medidas correctoras.

Y esas medidas no son retórica: el proyecto ha tenido que adaptarse por razones tangibles. El vallado inicial afectaba a la Vereda de Fuente Amarga, una vía pecuaria cuya anchura legal debía respetarse; el promotor modificó el trazado para evitar su ocupación y así obtuvo el informe favorable de la Dirección General de Medio Natural. Además, se han introducido condicionantes para proteger la fauna y facilitar el paso de especies silvestres, y compromisos para minimizar el impacto visual de la instalación. No es negligencia; es responsabilidad técnica y ambiental.

En lo económico y operativo, el plan parte de un presupuesto inicial superior a 630.000 euros y ya cuenta con permisos de acceso y conexión eléctrica para 840 kW, con evacuación prevista mediante línea de media tensión hacia la subestación de San Miguel de Salinas. Infraestructuras como el centro de seccionamiento y las líneas de evacuación serán cedidas al gestor de la red de distribución una vez ejecutadas: una previsión de integración con la red que evita improvisaciones posteriores.

La autorización definitiva dada por la Generalitat se inscribe, además, en la estrategia autonómica para acelerar la implantación de energías renovables y avanzar en la transición energética. Pero conviene subrayarlo con claridad patriótica y exigente: acelerar no significa atropellar. La tramitación de “La Balsa” ejemplifica que es posible conciliar velocidad con control, inversión con medidas protectoras y proyecto con adecuación a vías pecuarias y biodiversidad.

Que la planta salga adelante no debe entenderse como el fin de las obligaciones: condicionantes ambientales, integración paisajística y respeto a infraestructuras existentes siguen siendo exigencias vinculantes. La ciudadanía, las instituciones y los promotores tienen ahora la tarea conjunta de ejecutar lo autorizado cumpliendo lo prometido, manteniendo la coherencia entre la urgencia de la transición energética y la preservación del entorno común.