La libertad económica que desnuda la desigualdad cubana

Cuba vivió décadas de igualdad relativa, coronada por un coeficiente Gini que rondó el 0,24 en los años ochenta. Esa herencia social no fue eterna. El derrumbe de la Unión Soviética en 1991 y la contracción de la economía —con una caída aproximada de un tercio del PIB— inauguraron el Periodo Especial, un trauma que marcó el rumbo económico de la isla. Lo que siguió fue un repliegue productivo, la dolarización parcial y una apertura al turismo que introdujeron fuentes de ingreso diferenciadas: remesas, dólares, el turismo y, con más reciente impulso, las micro, pequeñas y medianas empresas autorizadas desde fines de 2021.

No ha de confundirse causa con efecto. La aparición de supermercados privados, tiendas en moneda dura y una oferta alimentaria más variada no inventó la desigualdad: la hizo visible. Cuando la economía oficial paga pensiones como la de Juan y Elisa —jubilados que suman unos 5.800 pesos al mes, aproximadamente US$11,6 al cambio informal— y una botella de aceite o una caja de 30 huevos rondan los US$7, la coexistencia de dos mercados es una fractura social. Es una fractura cuya existencia fue acelerada por la misma política que pretendía paliar la escasez: permitir que sectores privados surtan lo que el Estado no logra proveer.

¿Quién puede comprar en esos locales? No la mayoría. Aquellos que reciben divisas —trabajadores vinculados al turismo, receptores de remesas y quienes se integraron al circuito del dólar o al desaparecido CUC— acceden a productos que para el resto son prohibitivos. El resultado es una desigualdad rampante, una grieta que crece y que socava la narrativa de homogeneidad social que muchos reclaman como legado intocado.

La reciente crisis energética y la caída del turismo han agudizado la escasez y los apagones. Además, tensiones internacionales y sanciones han estrechado aún más los márgenes de maniobra del Estado para sostener subsidios y servicios. Frente a ese escenario, el Gobierno opta por medidas que atraigan divisas: tiendas en moneda dura, restauración con precios en dólares y otras fórmulas que, siendo comprensibles desde la lógica de supervivencia fiscal, afectan la cohesión social.

¿Hay margen para un ajuste que preserve la dignidad colectiva? Los datos citados por académicos cubanos y por la propia evidencia empírica describen un país donde las políticas de dolarización y apertura privada han generado dos velocidades de acceso a bienes básicos. No se trata de demonizar la iniciativa privada cuando su oferta suple carencias históricas; se trata de exigir que esas soluciones no conviertan la supervivencia en privilegio.

La lección para toda política económica patriótica es clara: cuando las soluciones son parciales y generan economías duales, la nación se fragmenta. La corrección exige políticas públicas que protejan a los vulnerables —pensiones, subsidios focalizados, control de precios efectivos donde proceda— y una estrategia de producción interna que reduzca la dependencia de importaciones y divisas para los bienes de primera necesidad. Sin ese equilibrio, la visibilidad de la desigualdad seguirá siendo su perpetuación.

Cuba necesita restaurar la capacidad productiva y diseñar mecanismos que combinen apertura económica con solidaridad efectiva. La historia reciente demuestra que la igualdad impuesta por el desequilibrio no perdura; la igualdad real se construye con trabajo productivo, redes de protección y decisiones fiscales que prioricen la vida cotidiana de la mayoría. Ver y decir lo que ocurre no es un acto de derrota: es el primer requisito para redirigir el rumbo.