La ley desmonta la coartada de Montero: no hay riesgo real para su plaza

María Jesús Montero ha decidido conservar su escaño en el Congreso mientras se presenta como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ha explicado que lo hace para no perder su derecho a la plaza en el Hospital Virgen del Rocío, plaza que obtuvo tras superar unas oposiciones cuando era joven y que vinculó a su condición de funcionaria y a haber ocupado cargos institucionales.

Esa explicación, sin embargo, encuentra en las normas vigentes una respuesta nítida y documentada. El Reglamento sobre situaciones administrativas del funcionariado establece que quien deje de ser diputado dispondría de un plazo de un mes para solicitar el reingreso al servicio activo. Además, la Dispensa que publica la Junta antes de unas elecciones concede un suplemento de 15 días a quienes son candidatos. Con ambos márgenes, los plazos permitirían a Montero entregar el acta y mantener cubierta la reserva de plaza hasta la celebración de los comicios del 17 de mayo.

El Partido Popular ha expuesto precisamente ese rompecabezas jurídico para desmentir la coartada: según el PP, la única razón por la que Montero mantiene el escaño en Madrid no sería la defensa de su plaza, sino la previsión de regresar a la política nacional tras el 17-M. Los populares sostienen que, con la Dispensa y el Reglamento, la reserva de puesto no corre peligro; y que, además, una vez celebradas las elecciones Montero quedaría amparada por la condición de diputada autonómica, si accediera al Parlamento andaluz como número uno de la lista del PSOE.

Montero, por su parte, en su despedida a los medios antes de centrarse en la campaña andaluza, confirmó que conservará el escaño por Sevilla "hasta que no tenga que asumir su puesto en el Parlamento autonómico". Alegó la necesidad de mantener el "derecho a la plaza en propiedad" en el hospital sevillano, recordando que su trayectoria en la sanidad pública incluye cargos de responsabilidad desde 2001 y su paso a Hacienda en 2013.

La confrontación sobre hechos y plazos tiene, por tanto, un rostro legal y otro político. Legalmente, las normas citadas apuntan a que no existe el riesgo extremo que Montero ha señalado como motivo para no renunciar ahora al escaño. Políticamente, el PP interpreta ese mantenimiento del acta como una maniobra calculada: un paracaídas que asegura salida y retorno, según su diagnóstico. Queda, en consecuencia, la pregunta que se impone en la arena pública: ¿es la defensa de una plaza pública un principio irreversible, o una coartada compatible con una estrategia de continuidad política tras los comicios?