La Ley Bolaños: victoria técnica frente al runrún de la crítica

El Ministerio de Justicia proclama, con voz medida pero orgullosa, el éxito del primer año de vigencia de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Es un éxito medido en porcentajes: un descenso del 20,4% en litigiosidad civil y del 9,9% en el cómputo global de jurisdicciones; un aumento en las vistas realizadas de más del 3% y de los juicios señalados cercano al 6%. Son datos que, a ojos del departamento que dirige Félix Bolaños, invierten por primera vez desde 2016 la senda ascendente de la pendencia, aunque sea de forma incipiente y con cautela.

Frente a ese mensaje de optimismo oficial, surge la voz crítica de quienes operan cada día en los tribunales. Colegios de la abogacía y otros operadores han puesto el dedo en lo que llaman “colapso”, “desorganización” y una supuesta barrera de acceso a la tutela judicial efectiva. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha expresado su preocupación por la inseguridad jurídica y, en particular, por la posible demora que introduzcan los Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en procedimientos urgentes y en asuntos de familia con menores.

El Ministerio responde con hechos y cifras y con una defensa de fondo: los MASC, inspirados en experiencias como la de Italia, han sido diseñados para reducir litigiosidad —en Italia, recuerdan, la jurisdicción civil vio caer los pleitos un 15%— y en España muestran ya efectos acentuados según los datos oficiales. Además, se resalta que no existen demoras ni suspensiones generalizadas y que, en casos de menores, los MASC son precisamente necesarios.

No se ocultan las dificultades técnicas: fuentes del Ministerio admiten “incidencias puntuales”, sobre todo informáticas, pero niegan problemas estructurales. Y piden prudencia: esperar a que los tribunales de instancia acumulen al menos un año de recorrido para la fotografía completa. Es una petición razonable y debe escucharse; todo gran cambio organizativo necesita tiempo para rodar.

El propio proceso de transformación es ambicioso: la conversión de 3.800 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia, activados el 1 de enero en la mayoría de los casos, acompañada de más de 225 reglamentos y órdenes y de 310 sesiones informativas con más de 15.000 matriculados. Igualmente, se consignan inversiones concretas: más de 1.121 millones en esta legislatura para ejecutar la ley —192 millones en medios personales, más de 850 millones en digitalización y partidas para obras e infraestructuras—. Son recursos que pretenden convertir el cambio normativo en realidad operativa.

Queda, no obstante, una tensión ineludible: la distancia entre la estadística ministerial y la experiencia diaria de operadores jurídicos. Las cifras señalan reducción de asuntos pendientes en civil (-4,5%) y una ligera caída global (-0,67%), pero las críticas denuncian problemas de planificación y protocolos. El Ministerio atribuye parte de esas críticas a la “ignorancia” o a la falta de conocimiento sobre el proceso de consenso mantenido con las comunidades desde 2022, y anuncia la convocatoria de una comisión de calidad cuando el modelo tenga un poco más de rodaje.

En la política de reformas no valen las pulsiones ni las consignas: vale la evidencia. Hoy hay números que invitan a esperanza y hay que exigirles que se sostengan. Pero también hay que escuchar a quienes alertan de efectos prácticos sobre el acceso a la Justicia. Si la Ley Bolaños pretende fortalecer la tutela judicial efectiva, conviene que esas dudas se aborden con transparencia técnica, control riguroso y la humildad de quien sabe que todo cambio necesita correcciones. No es tiempo de banderías, sino de responsabilidad institucional y de exigir que las promesas de eficiencia se traduzcan en justicia accesible para todos.