La Justicia suma otra causa a Alvise: cruce de amenazas y responsabilidad pública

El Estado de Derecho no entiende de espectáculos mediáticos ni de cadenas de Telegram: cuando un representante público, aforado y en el Parlamento Europeo, es señalado por conductas que entrañan coacción o amenaza, la respuesta debe ser la de los tribunales.

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una nueva causa contra Luis 'Alvise' Pérez, eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, tras una querella presentada por el alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce. Los hechos denunciados, según el auto recogido por Europa Press, describen mensajes en los que se advertiría de la difusión pública de audios, documentos y capturas sobre supuestos comportamientos "gravemente deshonrosos" de Landaluce, condicionando esa publicación a la dimisión de su cargo.

La Sala de lo Penal, en la fase preliminar, aprecia indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales y designa instructor al magistrado Antonio del Moral. No entra, por ahora, en la calificación definitiva: es la instrucción la que deberá concretar alcance y responsabilidades. Sí despeja, en esta etapa, que no concurren indicios del delito de coacciones, sin perjuicio de que la investigación pueda incorporar nuevos elementos.

No se trata de un expediente aislado: el Supremo ya tenía abiertas cuatro causas contra Alvise. Investiga, además, el presunto acoso a dos eurodiputados que figuraron en su lista; la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa; el presunto acoso en redes a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y la financiación ilegal de SALF por 100.000 euros procedentes del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain. En dos de esas causas el alto tribunal ha dirigido suplicatorio al Parlamento Europeo para poder continuar las diligencias, dada la condición de aforado del investigado.

Cabe recordar que Landaluce, según la información pública, renunció de forma temporal a su militancia en el PP tras una denuncia presentada por el PSOE en el Supremo por presuntos delitos que incluyen malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Son hechos que forman parte del telón de fondo y que el órgano judicial deberá situar con rigor.

La democracia exige claridad y procedimiento: las sospechas deben investigarse con prontitud y lealtad a la ley, sin espectáculo pero sin indulgencia. Que el Supremo actúe y que la instrucción esclarezca los hechos es la garantía mínima para la confianza pública. Nada debe quedar en meras proclamas o amenazas condicionales cuando el ejercicio del poder y la representación publican su propia reputación y responsabilidad.