La justicia refrenda lo que la alcaldesa dijo: Costas, responsable de la pasarela mortal

El primer auto redactado por la juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander ha confirmado lo que la alcaldesa Gema Igual sostuvo desde el primer momento: la responsabilidad del mantenimiento de la pasarela de El Bocal correspondía a la Demarcación de Costas en Santander.

Ese pronunciamiento judicial no es una opinión; es un documento que sitúa a una institución pública frente a indicios relevantes. La magistrada constata que las obras no fueron recepcionadas por el Ayuntamiento y que Costas era "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela que se abrió el pasado 3 de marzo cuando siete estudiantes la cruzaban.

La tragedia fue devastadora: cinco chicas y un chico, de entre 19 y 21 años, murieron al caer al mar por una grieta; una joven, Ainara Fernández, de 19 años, sobrevivió. El auto incorpora elementos que obligan a preguntas incómodas: la infraestructura solo fue revisada una vez en diez años y entonces se detectó el mal estado de ciertas maderas; los elementos metálicos aparecieron "completamente oxidados" en el primer diagnóstico de la policía científica.

La juez ha acordado investigar a responsables concretos: el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, quien fue director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, y al jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación. Son actuaciones procesales que responden a los indicios sobre la conservación y a la posibilidad de que aquel comportamiento "haya podido resultar insuficiente", según el auto.

El auto recuerda también hechos de obra y proyecto: la pasarela pertenece al proyecto de senda peatonal adjudicado en la anterior legislatura estatal, y el diseño inicial contemplaba acero inoxidable que, según la investigación inicial, no fue respetado, con el consiguiente deterioro acelerado junto al mar.

La alcaldesa Igual, que ha comparecido en numerosas ocasiones desde la tragedia, ha reclamado respuestas del Ministerio de Medio Ambiente y ha exigido que se aclare el estado de las demás pasarelas del mismo paseo que siguen en pie y que fueron cerradas tras el accidente. El auto judicial respalda su exigencia institucional al señalar la titularidad de la conservación y el hecho de que la pasarela estuvo abierta al público desde 2014 sin restricciones.

Los hechos contenidos en el auto marcan una hoja de ruta clara: investigación sobre responsabilidades técnicas y de gestión, transparencia sobre el estado del resto de infraestructuras y una exigencia pública de explicaciones por parte de las administraciones competentes. No son retóricas; son datos que la sociedad y las familias de las víctimas merecen ver esclarecidos hasta sus últimas consecuencias.