La justicia reduce la pendencia, pero las sombras del 'peaje' procesal persisten

La estadística no admite adornos: la pendencia en los juzgados españoles ha comenzado a bajar por primera vez en una década. Un 0,67% global que, pese a su modestia, supone un punto de inflexión tras años de acumulación. El descenso es más notorio en el orden civil, con un 4,5%, y la litigiosidad también retrocede: un 10% en conjunto y un 20,4% en lo civil y mercantil.

El Ministerio de Justicia atribuye esa mejoría a un paquete de reformas concretas y cuantificables: la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que llevan un año en marcha, y la puesta en funcionamiento de los tribunales de instancia en 2026, junto a lo que califica como una “ampliación histórica” de plantillas judiciales. No son palabras huecas: la transformación organizativa y la digitalización han exigido inversiones millonarias y una reorientación del recurso humano.

Sin embargo, no todo es unanimidad. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y otros operadores jurídicos advierten que los MASC pueden comportarse como una barrera al acceso a la justicia. Hablan sin ambages de un posible “peaje” que obliga a negociar antes de litigar y que, en la práctica, puede retrasar o incluso impedir el acceso al juez. Es una crítica que no puede soslayarse: cuando la medida para descongestionar crea nuevos frenos, la ecuación deja de cuadrar.

Los propios datos del fenómeno muestran matices: junto a la caída de la pendencia, ha disminuido la litigiosidad. Fuentes ministeriales enfatizan que los MASC han ayudado a reducir la “litigiosidad artificial”, aquellos pleitos que persisten pese a criterios ya fijados por el Tribunal Supremo. También sostienen que, pese a un atascamiento inicial, el año transcurrido permite vislumbrar efectos positivos en lo civil y mercantil.

Frente a ese relato, los colegios profesionales y asociaciones del ámbito judicial han puesto el foco en problemas concretos: familia —especialmente con menores implicados— aparece señalado como terreno donde los MASC han generado atasco procesal. ICAM, los Colegios de Procuradores de Madrid y Barcelona y PROLAJ han solicitado la supresión de los MASC en procesos de familia con menores. El Ministerio afirma que el asunto está en estudio y que, según jueces especializados, precisamente en estos casos los MASC pueden servir para priorizar el interés del menor frente al de los progenitores.

La otra pata del cambio son los tribunales de instancia, que han transformado la estructura judicial tradicional. El nuevo modelo posibilita “inversiones quirúrgicas”: asignar jueces o letrados allí donde se necesitan, en lugar de crear oficinas judiciales completas. El ajuste tiene coste y ahorro a la vez: la factura en esta legislatura alcanza 1.121 millones, con 850 millones destinados a digitalización, 192 millones a personal y 79 millones a obras de adaptación. A medio plazo, el Estado prevé un ahorro superior a 350 millones por una inversión más eficiente.

La realidad que se abre ante nosotros es ambivalente y exige prudencia combativa. Sí: hay una primera caída de la pendencia y medidas que podrían consolidar una senda de mejora. Pero también se acumulan alertas legítimas sobre la posible erosión del acceso al juez y sobre atascos en materias sensibles como la familia. No es momento de celebración acrítica; es tiempo de evaluar, ajustar y garantizar que la modernización y la eficiencia no se paguen con la tutela efectiva de los derechos.