La Justicia llama a declarar a Rajoy y Cospedal: la verdad en el banquillo del tiempo

La decisión de la Audiencia Nacional de citar a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal el próximo 23 de abril no es un gesto protocolario: es la convocatoria de la historia reciente a rendir cuentas ante la vista pública. El juicio por la denominada operación Kitchen, que comienza el 6 de abril, refleja en su calendario el pulso que mantiene la sociedad con sus instituciones y con quienes las dirigieron.

No se trata de rumores ni de pasillos: el tribunal ha fijado fechas concretas y ha incluido en el plan procesal a testigos de primer orden. Además de Rajoy y Cospedal, la Sala ha previsto interrogar, entre otros, a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a los exministros Juan Ignacio Zoido y Javier Arenas, y ha citado al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para el 11 de mayo. Son convocatorias que buscan arrojar luz sobre decisiones y comportamientos vinculados al caso que los fiscales denominan Kitchen.

El núcleo del asunto es conocido y está plasmado en el escrito de Anticorrupción: la operación se remonta a 2013 y, según la acusación, se ideó desde la cúpula del Ministerio del Interior para obtener información y pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular en la causa Gürtel. Entre los hechos que se investigan figura el espionaje al entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas. Es, en suma, un procedimiento que pretende aclarar si, y en qué medida, se emplearon medios policiales con finalidad extraña a la persecución del delito y dirigida a preservar intereses partidarios.

En el banquillo de los acusados estarán, a partir del 14 de mayo, once personas: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz —para quien Anticorrupción solicita quince años de prisión—, su exnúmero dos Francisco Martínez, el excomisario José Manuel Villarejo, el exDAO Eugenio Pino y varios mandos policiales, además del ex chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. El proceso se prolongará hasta el 30 de junio, según el calendario jurídico fijado por la Sala.

La convocatoria de altos dirigentes políticos responde a peticiones formuladas por PSOE y Podemos, que ejercen la acusación popular. La Sala ha señalado que, en principio, lo más correcto es oír en persona a los ciudadanos convocados a juicio, aunque no ha cerrado la puerta a declaraciones por escrito o por videoconferencia cuando las circunstancias derivadas de los cargos ocupados lo aconsejen.

La atención pública debe estar puesta ahora en el desarrollo del juicio y en el respeto a las garantías procesales. La causa explora hechos que, de acreditarse, comprometerían la neutralidad y la legalidad de actuaciones policiales y ministeriales. Así lo plantean los fiscales en su escrito de acusación: la búsqueda y aprehensión de pruebas —documentos y soportes informáticos— con la finalidad de que no quedaran a disposición del Juzgado que investigaba Gürtel.

No se trata solo de fechas y comparecencias: es la ocasión para que la verdad procesal emerja con la fuerza del testimonio y de la prueba. Que la audiencia se celebre con transparencia y que los hechos se sustancien con rigor es la exigencia de la democracia. El calendario ya está marcado; corresponde a las partes y al tribunal cumplir con su deber y a la ciudadanía observar el desenlace con exigente interés público.