La justicia llama a cuentas a Vivienda: la primera entrega de la verdad en Les Naus

La maquinaria judicial se ha puesto en marcha y, con ella, la luz que exige explicaciones. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, a petición de la Fiscalía, ha citado a declarar como testigos el próximo 15 de abril a tres cargos con responsabilidad en la Conselleria de Vivienda: el director territorial de la Consejería en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda y el secretario territorial adjunto de Vivienda. Son los funcionarios que tuvieron potestad en la tramitación y visado de los contratos. Punto de partida incontestable, extraído de la propia providencia judicial.

La juez no se ha quedado en las comparecencias: ha librado además un oficio a la Conselleria dirigida por Susana Camarero para que aclare si los informes incorporados a la causa fueron redactados exclusivamente por el citado secretario territorial adjunto o si contó con la ayuda de otros empleados públicos. Si existieron auxiliares, la Consejería debe identificarlos y precisar los cargos que ocupan. No es una petición retórica: es la exigencia procesal para fijar responsabilidades y acotar la verdad administrativa.

La polémica adjudicación en la urbanización Les Naus, en la codiciada zona de la Playa de San Juan, ha provocado ya consecuencias políticas y administrativas: dimisiones y la suspensión de un funcionario de la Generalitat encargado de comprobar los requisitos de los beneficiarios. Los hechos revelados por la investigación muestran un desfase inquietante entre precio de mercado y adjudicaciones: los propietarios pagaron alrededor de 200.000 euros por pisos en un barrio donde los apartamentos rondan medio millón de euros.

La instrucción policial y municipal añade datos que exigen respuesta: un informe de la Policía Local apunta que, entre las 140 viviendas del residencial, hay muchas sin empadronados o en las que nadie vive. Hay casos de familias que han sido adjudicatarias de varios pisos y beneficiarios con vínculos con cargos del PP o técnicos del Ayuntamiento. Datos que, por su propia gravedad, merecen que la investigación avance sin cortapisas.

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Alicante ha creado formalmente la comisión no permanente o específica del pleno para abordar la controversia. Las propuestas de comparecientes incluyen a Rocío Gómez, ex concejala de Urbanismo y adjudicataria de un piso en el complejo; al alcalde Luis Barcala y a miembros del equipo de gobierno como Antonio Peral (responsable de Urbanismo), Nayma Beldjilali y Carlos de Juan. También figuran en las solicitudes ex miembros del gobierno anterior, entre ellos el ex edil de Patrimonio Toni Gallego, que dimitió en junio pasado.

Los grupos municipales han planteado, además, la comparecencia de figuras autonómicas y regionales: Compromís ha solicitado la presencia del ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón y de la vicepresidenta primera del Consell y responsable de Vivienda, Susana Camarero, por la normativa autonómica sobre las VPP. Vox, por su parte, plantea la comparecencia de responsables de la época del tripartito, como el ex alcalde Gabriel Echevarri y los ex concejales Natxo Bellido y Sofía Morales, así como del ex edil de Ciudadanos Adrián Santos. Asimismo se ha pedido que comparezcan funcionarios y responsables de la cooperativa promotora del residencial.

Los hechos ya están sobre la mesa: citas judiciales, oficio a la Conselleria, datos policiales sobre viviendas vacías o sin empadronados, dimisiones y la constitución de una comisión municipal. Lo que depare la instrucción depende ahora de la diligencia probatoria, de las comparecencias citadas y de las respuestas documentales que aporte la Administración. La ciudadanía exige claridad; los procedimientos han de servir para disipar dudas, identificar responsabilidades y restituir la confianza en el acceso a la vivienda protegida, un bien social que no admite sombras ni atajos.