La justicia alcanza al fugado: prisión para Martiño Ramos

La noticia es tan rotunda como necesaria: Martiño Ramos Soto, profesor y activista conocido, ha ingresado en prisión tras ser extraditado desde Cuba para cumplir una condena de 13 años y medio por abusos sexuales a una alumna menor de edad.

No hay glamour en esta historia, ni héroes ni justificaciones. Los hechos probados —condena de la Audiencia Provincial de Ourense por actos cometidos sobre una víctima que tenía entre 12 y 16 años— obligan a la respuesta del Estado de Derecho. Ramos Soto no atendió el auto de entrada en prisión tras su condena en julio de 2025 y se convirtió en prófugo; la Policía lo incluyó en la lista de los diez más buscados. La ley, finalmente, lo ha alcanzado.

La fuga trazada por las diligencias policiales habla por sí sola: desplazamiento a Portugal, vuelo a Brasil, paso por Perú y, por fin, Cuba, donde fue arrestado en noviembre tras un proceso de cooperación entre ambos países. No fue una escapada improvisada sino un itinerario diseñado para eludir la responsabilidad penal; la colaboración internacional ha sido clave para revertir ese empeño de eludir la justicia.

Que Ramos Soto fuera profesor de infantil y primaria, exmilitante de la extinta En Marea y figura conocida en Ourense por su activismo y sus clases de música, no cambia ni atenúa lo esencial: la condena por la comisión de delitos violentos contra una menor y la obligación de cumplir la pena impuesta por los tribunales.

La llegada a Madrid, la custodia por la Policía Nacional y el mandamiento de ingreso dictado por el Juzgado de Instrucción número 44 ponen fin, por ahora, a la fase de impunidad activa. Lo que siga corresponderá a los órganos competentes, pero la violación de la ley no puede quedar en trampas geográficas ni en eludir responsabilidades públicas.

Es imperativo recordar que la defensa de causas políticas o el activismo no confieren inmunidad ni excusa moral ante delitos tan graves. La igualdad ante la ley y la protección de los más vulnerables —y en especial de los menores— son principios no negociables que el Estado tiene la obligación de preservar con firmeza y sin tibiezas.

La sociedad exige respuestas claras: que la investigación y la ejecución de la sentencia se desarrollen con la celeridad y la rigurosidad que el caso requiere, y que la cooperación internacional continúe siendo una herramienta eficaz contra quienes creen poder burlar la justicia. La condena existe; su cumplimiento es ahora la exigencia de toda comunidad que se reclama respetuosa de la ley y de las víctimas.